Organizaciones civiles en Rosarito advierten sobre el progresivo cierre de accesos públicos a las playas y solicitan que la servidumbre de paso se incorpore en el reglamento municipal. Carlos Luna, de Olas para Todos, indica que la falta de regulación local dificulta garantizar el acceso público, especialmente en áreas clave para surf y actividades inclusivas.
En Rosarito, la disminución de accesos públicos a las playas ha comenzado a preocupar a diversas organizaciones civiles. Carlos Luna, presidente de Olas para Todos, señala que el desarrollo urbano en la costa está cerrando gradualmente las entradas al mar, lo que perjudica no solo a la comunidad en general, sino también a grupos específicos como los surfistas.
“Estamos cerrando espacios de manera definitiva”, afirmó Luna, quien explicó que en tramos como el bulevar a Popotla hay escasas entradas disponibles. Además, algunas playas que aún permanecen accesibles son fundamentales por sus condiciones naturales, que son ideales para actividades inclusivas y deportivas.
El activista resaltó que, aunque muchos terrenos son de propiedad privada, la ley exige respetar la servidumbre de paso hacia la zona marítima federal, un derecho que, según él, no se cumple en muchas ocasiones.
Luna destacó que mediante su asociación brindan terapias gratuitas para niños con discapacidades, pero el año pasado se cerró el acceso a la playa Raul’s, donde realizan estas actividades. Aunque tienen permiso para ingresar, el resto del público ya no puede acceder.
“No se debe dejar todo a una ley federal; debe incluirse en el reglamento municipal de construcción para que sea un requisito al otorgar permisos”, expresó.
Luna añadió que buscarán acercamientos con autoridades locales para modificar los reglamentos de construcción en Rosarito, buscando que se incorporen explícitamente estos accesos y se asegure su cumplimiento.
También advirtió que otras áreas están en riesgo, como el kilómetro 39 y zonas cercanas a Rancho Santini y Primo Tapia, donde aún existen puntos con potencial recreativo que podrían perderse sin regulaciones adecuadas.
“Es necesario proteger las pocas entradas al mar que quedan, y ese resguardo debe ser realizado por el municipio”, subrayó.
Luna insistió en que la ausencia de una regulación local dificulta la rendición de cuentas respecto a irregularidades, pues estando basadas en disposiciones federales, no es claro qué autoridad debe actuar. Por lo tanto, consideró que es urgente abordar este tema a nivel municipal para asegurar el acceso público a las playas.
