El municipio de San Quintín enfrenta serios obstáculos para frenar la proliferación de asentamientos irregulares, principalmente por la imposibilidad de notificar legalmente a los ocupantes o promotores de estos terrenos. De las 48 notificaciones cursadas por la autoridad municipal, solo 14 han culminado en clausuras efectivas, mientras que el resto permanece estancado debido a la falta de domicilios identificables y a lagunas en el marco normativo local.
Impedimentos legales y administrativos en la notificación
Miguel Hernández, coordinador de Planeación de Desarrollo Urbano y Usos de Suelo, detalló que la dificultad radica en localizar a los responsables, ya sea por cambios de titularidad no actualizados en los registros públicos o porque residen fuera de la demarcación. Ante este escenario, la administración evalúa la notificación por estrados como alternativa viable, aunque advierte que el reglamento de procedimientos administrativos vigente —aplicado de forma supletoria— no contempla mecanismos específicos para estos supuestos, lo que obliga al Cabildo a emitir una normativa propia que garantice la validez constitucional de los actos de autoridad.
Regularización, requisito indispensable para servicios básicos
Por su parte, Mariela Méndez Zumaya, directora de Administración Urbana, subrayó que la certeza jurídica es condición sine qua non para la introducción de servicios como electrificación y agua potable. La funcionaria alertó que proveer infraestructura en predios sin regularizar genera conflictos sociales graves, citando casos donde la instalación de postes derivó en la venta ilegal de áreas verdes. Hasta el momento, se han gestionado siete proyectos de electrificación mediante factibilidades de uso de suelo y licencias, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Plan de Justicia para San Quintín.
Avances y retos en la certificación de títulos agrarios
Como hitos de regularización exitosa, Méndez Zumaya destacó los asentamientos Pinos de Madrid y Eucaliptos, los primeros en obtener títulos a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), documentos entregados durante la primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región. No obstante, la dependencia arrastra un rezago crítico: 241 títulos del Ejido Lázaro Cárdenas permanecen en revisión técnica, sumados a los 71 ya certificados e incorporados al catastro municipal.
Cuello de botella operativo y metas futuras
El proceso de validación es lento porque los títulos del Registro Agrario Nacional utilizan referencias geográficas distintas a las municipales, requiriendo una verificación minuciosa de medidas, colindancias y coordenadas para evitar desfases cartográficos. Actualmente, una sola persona realiza esta labor de revisión y certificación, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la plantilla de la Dirección de Administración Urbana.
Previsión de carga de trabajo masiva
El panorama se complica ante la meta anunciada para la próxima visita presidencial: la recepción de aproximadamente 1,500 nuevos títulos. Este volumen desbordaría la capacidad operativa actual, convirtiendo imperativa la ampliación del personal y la optimización de los procedimientos técnicos para evitar un colapso en la gestión de la certeza jurídica patrimonial.
