Hallazgo fortuito en Huitzilac reconfigura la búsqueda metropolitana
El descubrimiento de restos óseos —posiblemente pertenecientes a un joven desaparecido en la capital— en una zona limítrofe con Morelos ha obligado a replantear las estrategias de rastreo en la región metropolitana. Este hallazgo, ocurrido en Huitzilac durante una diligencia de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP) enfocada inicialmente en otra víctima, expone la urgencia de coordinar operativos entre la CDMX, el Estado de México y Morelos para enfrentar a redes criminales que aprovechan las fronteras administrativas para evadir la justicia.
Azar y omisiones institucionales marcan el caso emblema
Lejos de ser resultado de una investigación estratégica, la localización fue calificada por los familiares como un “golpe de suerte”: personal capitalino buscaba a una mujer desaparecida en septiembre de 2025 y tropezó con indicios de un hombre. La identificación genética, retrasada por la falta de reactivos en Morelos y procesada meses después en la capital, confirmó coincidencias en junio, pero las autoridades guardaron silencio por semanas. Durante ese lapso, incluso se preparó una jornada de búsqueda en vida que fue cancelada abruptamente la víspera de su inicio, erosionando la confianza de los allegados en las instancias locales.
Exigen peritajes independientes y verdad plena
Ante irregularidades en el resguardo de la cadena de custodia, la ausencia de carpetas de colaboración formal y la desatención a alertas tempranas que señalaban la zona como un “cementerio clandestino”, la familia rechaza dar por cerrada la identificación bajo los términos oficiales. Con respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación, solicitan un análisis forense, antropológico y genético de cero a cargo de la Universidad de Innsbruck, exigiendo un tercero imparcial que valide los resultados lejos de la injerencia de las fiscalías locales.
Fricciones operativas en la primera búsqueda metropolitana
La intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en agosto, con arqueólogos forenses y cuadrantes científicos, permitió recuperar más fragmentos, pero la tensión resurgió en noviembre. La convocatoria apresurada de la Comisión capitalina a una “Búsqueda Metropolitana Triple Frontera” —empalmada con labores de la CNB en la misma zona— generó reclamos por dispersión de recursos, logística deficiente y ausencia de Ministros Públicos en campo, lo que a juicio de las familias compromete la eficacia y la preservación de evidencias.
Estrategia regional: inversión y focalización en límites
El comisionado capitalino, Luis Gómez, reconoce que las colindancias son usadas por grupos delictivos para ocultar cuerpos y eludir el rastreo ministerial. Para contrarrestar este patrón, la administración local anunció una inversión superior a 100 millones de pesos para duplicar la plantilla de la Fiscalía de Desaparecidos: pasar de 100 a 200 policías de investigación y sumar 50 agentes del Ministerio Público, buscando que cada uno atienda un máximo de cuatro y 15 expedientes de larga data, respectivamente, articulando esfuerzos con las siete entidades del centro del país.
“Encontrar no es suficiente”: el reto integral
Gómez admite que la localización es apenas una etapa que debe vincularse a investigación penal, verdad, justicia y reparación. La dependencia ha incorporado apoyos económicos a hijos de desaparecidos, reubicación habitacional e inserción al sistema de cuidados. Estadísticas oficiales reportan un aumento del 68% en la capacidad de localización (de 32 a 54 personas semanales en promedio) y 2,200 localizados en el año, donde el 63% fueron ausencias voluntarias y solo 26 casos correspondieron a delitos graves como secuestro o trata.
Brecha entre cifras oficiales y exigencia de justicia
Pese a los avances cuantitativos, las familias buscadoras advierten que los porcentajes globales diluyen la gravedad de los casos de alto impacto, donde la letalidad es mayor. Para los colectivos, la efectividad no radica en engrosar estadísticas administrativas, sino en garantizar investigaciones exhaustivas, peritajes confiables e identificación plena. Mantienen su demanda de una estrategia regional con liderazgo de la CNB, investigación penal efectiva y restitución digna, subrayando que el avance logrado es fruto de una “lucha feroz” y presión constante, no de la iniciativa institucional espontánea.
