La SCJN avala la constitucionalidad de sanciones penales por negligencia médica
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad la validez de los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal, que castigan las lesiones culposas derivadas de la praxis médica. Al resolver el amparo en revisión 257/2026, el Pleno determinó que estas normas no vulneran el principio de legalidad, la mínima intervención penal ni el derecho al trabajo de los profesionales de la salud, al establecer tipos penales claros que garantizan certeza jurídica tanto para médicos como para pacientes.
Origen del conflicto: el caso de un neurocirujano del IMSS
El litigio se originó en un juicio de amparo promovido por un médico neurocirujano adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En diciembre de 2017, el especialista realizó dos cirugías de columna vertebral a un paciente con secuelas de accidente; tras los procedimientos, la víctima sufrió una disminución permanente en la movilidad de su pierna derecha. La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigación por responsabilidad médica y lesiones culposas, logrando la vinculación a proceso del galeno en marzo de 2022 por parte de un juez federal en Reynosa, Tamaulipas.
Argumentos de la defensa y vía judicial previa
El médico argumentó que los preceptos penales impugnados carecen de precisión para delimitar cuándo la actuación profesional constituye delito, generando inseguridad jurídica y fomentando la medicina defensiva. Sostuvo además que los desacuerdos médicos deben resolverse exclusivamente en la vía civil o ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). Tras serle negado el amparo por un Juzgado de Distrito, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito atrajo el expediente para que la Corte analizara la constitucionalidad de las normas.
Criterio jurisdiccional: actividad de medios, no de resultados
En el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, el máximo tribunal subrayó que el ejercicio médico es una «actividad de medios y no de resultados». Ello implica que los facultativos deben actuar con la diligencia y conocimientos exigibles según la lex artis, sin garantizar la curación absoluta. La sentencia precisó que complicaciones o resultados adversos no son delito per se; la responsabilidad penal exige acreditar la infracción concreta al deber objetivo de cuidado y la atribución causal del daño a esa negligencia.
Debate sobre la graduación de la negligencia
Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso reservar la vía penal para la negligencia grave o inexcusable, derivando los descuidos leves a instancias civiles o administrativas. La mayoría del Pleno rechazó la propuesta; la ministra Loretta Ortiz Ahlf advirtió la imposibilidad práctica de que un juzgador distinga con certeza jurídica entre negligencia simple y grave en cada caso. La ponente Ríos González reiteró que modificar la estructura del tipo penal corresponde al Poder Legislativo, no al Judicial.
Derecho al trabajo y límites de la intervención penal
Respecto al artículo 5° constitucional, la Corte resolvió que ninguna profesión está exenta de cumplir normas que tutelan la vida e integridad corporal. El fallo aclara que el derecho penal no sanciona los riesgos inherentes a la medicina, sino la imprudencia o negligencia comprobada tras un debido proceso, manteniendo así el equilibrio entre la libertad profesional y la protección del paciente.
Efectos de la resolución y siguientes pasos procesales
Con el voto unánime de las nueve ministras y ministros, la SCJN negó el amparo y confirmó la constitucionalidad de los artículos impugnados. El expediente fue devuelto al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito para que revuelva los aspectos procesales del caso concreto, valore las pruebas periciales de la FGR y decida si mantiene o revoca la vinculación a proceso del neurocirujano.
