Las autoridades responsables de abordar la contaminación del Río Tijuana deben completar las mejoras en las plantas de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera. Además, es necesario financiar no solo la construcción de estas instalaciones, sino también sus operaciones, y planificar la futura reutilización de aguas residuales, recomienda un informe divulgado recientemente.
Estas recomendaciones son parte del informe titulado “Crisis de Contaminación del Río Tijuana: Un Marco de Cinco Pilares para Soluciones Binacionales”, presentado por la Cámara de Comercio Regional de San Diego y la Fundación Prebys. Este informe fue elaborado por María Elena Giner, excomisionada de la Oficina de Fronteras Internacionales de EE. UU., y Doug Liden, exfuncionario de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
El informe proporciona un panorama de cómo el río transfronterizo se ha convertido en uno de los cuerpos de agua más contaminados de Estados Unidos, detalla los esfuerzos recientes para su recuperación y los pasos necesarios para su limpieza efectiva.
Según el documento, “la persistente contaminación del río Tijuana y la costa del Pacífico cercana es atribuible a fallas crónicas en la infraestructura, operaciones inadecuadas y una gestión binacional fragmentada.”
La cuenca del río Tijuana tiene una extensión de aproximadamente 1750 millas cuadradas, con cerca del 75% en territorio mexicano y el 25% en Estados Unidos. En el lado mexicano, el río está principalmente revestido de concreto, mientras que en el lado estadounidense se extiende a través de llanuras aluviales y humedales naturales dentro del valle del río Tijuana.
Desde 1944, Estados Unidos y México han colaborado en la gestión del río a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Programa de Infraestructura Hídrica Fronteriza de la EPA de EE. UU. han contribuido a financiar el tratamiento de aguas residuales, aunque la infraestructura de aguas residuales en Tijuana no ha crecido al ritmo de la población, causando una serie de fallas desde 2016.
A lo largo de la última década, la contaminación por aguas residuales del río ha provocado problemas de salud en comunidades del sur del condado de San Diego, afectando también la actividad recreativa y poniendo en peligro entrenamientos militares. Además, los análisis de agua han revelado altos niveles de metales industriales y numerosos patógenos que representan un riesgo crónico para la salud pública.
La infraestructura del lado estadounidense también ha enfrentado deterioro. Por ejemplo, más de un tercio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay International se encontraba en condiciones críticas en 2022. La falta de financiamiento constante ha contribuido a un ciclo de fallas en el sistema, donde las soluciones llegan solo tras incidentes operativos significativos.
Para remediar estas deficiencias, el informe sugiere que ambos países deben cumplir con los planes existentes en tratados acordados por la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Esto incluye la ampliación de la capacidad de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la gestión adecuada de contaminantes.
Asimismo, se recomienda que EE. UU. garantice fondos anuales para el mantenimiento de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay y que la Comisión considere un sistema tarifario que motive la gestión adecuada de las aguas residuales en México. Aunque las lluvias aumentan el caudal del río, la contaminación en condiciones secas es considerable, por lo que tratar las aguas en esas circunstancias es prioritario.
El informe finaliza con la sugerencia de que la reutilización de aguas residuales debe ser una prioridad en la infraestructura futura. Igualmente, se solicita mayor transparencia e intercambio de información entre ambos países, promoviendo una estrategia de comunicación binacional conjunta y mejorando el monitoreo de la calidad del agua y las condiciones de las playas.
