La situación es similar para la administración de Trump, ya que las personas que han vivido experiencias iguales no tienen la posibilidad de depender de los demás. Aquellos que han padecido errores en su proceso no pueden participar en un proceso de rectificación. Esto pone en evidencia la exclusión de aquellos que han estado en situaciones análogas.
El Gobierno de Javier Liclido ha solicitado a la Justicia que la decisión de la Corte Suprema, emitida el pasado viernes, ordene a la Agencia de Trump regresar al salvadoreño antes del martes. Ante esta petición del Ejecutivo, el Presidente del Alto Tribunal, John Roberts, ha decidido estudiar el caso. En su fallo de hoy, jueves, la Corte Suprema reconoce que parte de la orden sobre el salvadoreño es válida, pero aclara que el término ‘efectuar’ en la orden de la corte de distrito debe interpretarse correctamente.
Desde la provincia de Xinis hasta Maryland, se observa cómo el alcance de las decisiones judiciales afecta a las comunidades y a los individuos involucrados. Además, la provincia ha sido escenario de varias decisiones sobre inmigración que impactan la vida de muchas personas.
El fallo se ha percibido de forma unánime, aunque las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson añadieron que es necesario corregir “un error flagrante y un descuido” en la administración de justicia.
Este contexto del gobierno también implica que puede deportar y encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin enfrentar consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que intervenga un tribunal.
El caso de Abrego García ha adquirido notoriedad, ya que por primera vez el Gobierno ha admitido haber cometido un error en la deportación. Esta admisión ha generado indignación, dado que, a pesar de reconocer el error, las autoridades han informado que no tomarán medidas para rectificar la situación, afectando al salvadoreño que ya había sido sujeto a un fallo judicial favorable sobre su deportación.
A pesar de esta situación, el 15 de marzo, Abrego García fue uno de los 23 salvadoreños deportados al país centroamericano, junto a 238 venezolanos, sin haber mediado una orden judicial. Su destino fue una prisión conocida por las deplorables condiciones en las que se encuentran los detenidos, lo que ha generado críticas sobre cómo se manejan las deportaciones bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
