Foto de Archivo Por Porgina López
La ONU, a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), anunció la apertura del procedimiento relacionado con el artículo 34, que busca asegurar la prosperidad de la sociedad en general. Este anuncio se realizó la semana pasada, enfocándose en la situación de las desapariciones en México.
El CED solicitará al gobierno mexicano información acerca de los casos de desapariciones en el país. Esta solicitud se enviará en las próximas semanas, según lo indicado por Olivier Frouville, presidente del Comité. Dependiendo de la gravedad de la situación, este proceso podría llevar a acciones mayores por parte del CED.
Durante el anuncio, Frouville subrayó que la situación incluye elementos preocupantes. Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos han instado al gobierno mexicano a colaborar plenamente con el Comité, proporcionando información veraz y sometiéndose a una revisión internacional.
Asimismo, solicitaron que la revisión de la ley general sobre desapariciones en curso se realice teniendo en cuenta este proceso, para así incluir las voces de los colectivos y las recomendaciones del propio Comité. La pertinencia de esta reivindicación no es nueva, ya que el CED ha alertado sobre la crisis de desapariciones en México desde 2015, advirtiendo que estas son generalizadas y muchas podrían catalogarse como desapariciones forzadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó que el CED también ha instado al Estado mexicano a considerar la participación de la sociedad civil y organizaciones de víctimas en este proceso. En este contexto, se resalta la impunidad que prevalece en el país, la cual afecta a quienes defienden los derechos de los desaparecidos y enfrentan la falta de justicia por parte del Estado.
Después del anuncio del CED, el gobierno mexicano y el Senado respondieron derogando las observaciones del Comité. La Secretaría de Gobernación emitió una declaración en la que rechazó las acusaciones de Frouville, argumentando que el gobierno mexicano no promueve políticas de desaparición forzada. Además, el Senado aprobó un pronunciamiento que expresa una firme protesta por las declaraciones del funcionario de la ONU, anunciando su intención de acudir a instancias más altas en las Naciones Unidas para solicitar sanciones adecuadas.
Madres buscadoras han exigido que se tomen acciones concretas para abordar la crisis de desapariciones, en lugar de cuestionar a organismos internacionales. En respuesta, el CED destacó que sus decisiones están fundamentadas en la Convención, reiterando la importancia de la cooperación del Estado en este proceso.
