En México, la eliminación de escombros en sitios no autorizados es ilegal debido a los riesgos que representa para el medio ambiente y la salud pública. Los residuos de construcción, como restos de cemento, ladrillos, metales y otros materiales, pueden contaminar el suelo y cuerpos de agua, generando un peligro considerable.
Por este motivo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y normativas locales establecen regulaciones estrictas respecto a la disposición de desechos de construcción, imponiendo sanciones que pueden incluir penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las consecuencias del acto de tirar escombros en lugares no apropiados son severas. La normativa local es clara, permitiendo a las autoridades operar de manera legal en la gestión de estos residuos.
En Baja California, el Coordinador del Ayuntamiento, Víctor Hugo Delgado, ha señalado que las autoridades pueden imponer multas a las empresas y personas que incumplan las normas relacionadas con la disposición de escombros. Para operar legalmente, se requiere obtener un permiso, cuyo costo es de aproximadamente 2,000 pesos.
“Lo que se busca con esta medida es detener a quienes manejan el material de forma indebida”, afirmó el Coordinador Municipal. Además, destacó que la seguridad pública del municipio debe cumplir su función adecuadamente, evitando las irregularidades relacionadas con actos indebidos.
En cuanto a las sanciones, el Coordinador mencionó que tirar o trasladar escombros sin autorización puede generar multas de hasta 5,657 pesos, además de que los infractores podrían enfrentar consecuencias más severas en casos de reincidencia.
Los escombros deben ser manejados en rellenos sanitarios autorizados, que están equipados con infraestructura especializada como revestimientos protectores y sistemas de control de lixiviados, para prevenir la contaminación del subsuelo y de los cuerpos de agua. Estos rellenos garantizan que los residuos de construcción sean tratados de manera adecuada, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
Durante una conferencia, también se mencionó que los ciudadanos que necesiten transportar estos materiales deberán hacerlo dentro de los horarios permitidos, que generalmente inician a partir de las 7:00 a.m.
