El antecedente del Protocolo Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) proviene de la lucha contra este delito a nivel global.
De acuerdo con Olivier de Frouville, presidente del Comité, se considera que las desapariciones forzadas ocurren de manera sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Se trata de un fenómeno que ha alcanzado dimensiones alarmantes a nivel mundial, describiendo la situación del país en este contexto.
Los fiscales del país están comprometidos con el desarrollo del estado para abordar esta problemática. Este primer paso busca establecer un diálogo constructivo con el gobierno mexicano para garantizar la implementación integral de la Convención. Sin embargo, la gravedad de los casos podría llevar al Comité a plantear la situación ante la Asamblea de la ONU y recomendar al Secretario General que se tomen acciones urgentes.
El Comité está tomando medidas para abordar adecuadamente la problemática de las desapariciones forzadas en México. Según Frouville, la información recopilada hasta ahora está siendo considerada en base a criterios específicos y este mecanismo es descrito como “el más drástico” jamás aplicado a un estado parte.
La alarmante cifra de desapariciones forzadas en México ha sido enfatizada. Durante una visita en 2021, se recogió información sobre la creciente crisis. Las desapariciones han sido un tema recurrente en la agenda de derechos humanos del país, evidenciando problemas graves en la atención del Estado hacia esta crisis.
La sociedad civil ha estado activamente involucrada en esta situación. Es fundamental el apoyo de instituciones como el Centro de Justicia para la Paz, que trabajan para abordar la crisis de manera integral y garantizar el respeto a los derechos en este contexto.
El Comité Contra las Desapariciones Forzadas, compuesto por expertos independientes, tiene como misión supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas. Su labor incluye el apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a instancias nacionales para abordar el problema con efectividad.
