La única forma de comprender el Estado Democrático es conociendo el mundo que nos rodea.
Las realidades del Departamento de Investigaciones de la Oficina del Comandante Judicial, los procedimientos infarciales y las sanciones efectivas hacen que los derechos humanos queden vulnerables a la arbitrariedad y la impunidad.
En América Latina, los sistemas de justicia enfrentan serios desafíos, incluyendo la falta de coordinación entre las diversas instituciones gubernamentales.
La escasez de recursos, la corrupción y la falta de cooperación entre las instituciones encargadas de administrar justicia han sido factores determinantes en esta situación.
El 27 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un llamado de atención para México.
En el caso Da Silva y otros contra Brasil, el tribunal condenó al Estado brasileño por su falta de diligencia debida.
Durante más de 16 años, el Estado no garantizó una investigación efectiva ni sancionó a los responsables, y hasta la fecha, el caso permanece sin resolución.
La identificación de sospechosos falló, ya que la justicia brasileña cometió graves omisiones: no se preservaron adecuadamente las pruebas, no se realizaron peritajes y hubo una falta de respuesta ante las crisis.
La Corte IDH determinó que Brasil violó derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la integridad personal, garantías judiciales y el derecho a conocer la verdad, según la convención sobre derechos humanos.
Este es un caso que tiene repercusiones colectivas y no es exclusivo de Brasil; México enfrenta desafíos similares y ya ha sido condenado por la Corte IDH en casos emblemáticos como el caso Algodonero contra México en 2009.
Otro caso notable es el de Digna Ochoa contra México en 2021, donde la Corte IDH señaló graves fallas del Ministerio Público en la investigación de su asesinato.
La Corte también se ha pronunciado sobre los derechos de mujeres víctimas de tortura sexual en 2018, condenando al Estado por detenciones arbitrarias y otros abusos.
La reducción de la cooperación entre las instituciones de justicia es un tema recurrente, lo que nos obliga a prestar atención a cómo se gestionan nuestras instituciones judiciales.
Este informe debe ser visto como una advertencia sobre las consecuencias de mantener un sistema de justicia ineficaz.
Es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, garantizando su independencia y dotándolas de los recursos necesarios ante una cultura de impunidad.
Las reformas profundas en este ámbito son urgentes; México se enfrenta a la necesidad de asumir nuevas responsabilidades internacionales por los errores del pasado.
Transformar el sistema de justicia no es solo una opción, sino una necesidad urgente para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
México tiene la oportunidad de aprender de estos precedentes y evitar futuras condenas internacionales.
Los sistemas de justicia en nuestra región deben mejorarse rápidamente para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro.
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