El abandono institucional tras la excarcelación: el caso del CEFERESO 16
Hace cinco años, Nayeli abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 16, ubicado en Morelos, con la esperanza de reconstruir su existencia; sin embargo, la ausencia de una red de apoyo respaldada por programas federales de reinserción social ha provocado el efecto contrario. La ansiedad y la depresión que arrastraba desde su reclusión persisten, derivando en intentos de suicidio, la ruptura de vínculos familiares y una etapa de vida en situación de calle. Desde que salí me la he tenido que arreglar yo sola
, denunció la exinterna, quien ahora forma parte de la organización Artículo 20.
Plantón en la SEGOB para exigir derechos fundamentales
Desde hace dos semanas, integrantes de Artículo 20 mantienen una protesta frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para demandar la creación de programas integrales dirigidos a mujeres excarceladas. Las exigencias contemplan asesoría jurídica, alojamiento temporal, capacitación y vinculación laboral, así como atención médica y psicológica especializada, elementos indispensables para una transición digna hacia la libertad.
Deficiencias estructurales y muertes bajo custodia estatal
Viridiana Molina, fundadora de la organización, señaló que el CEFERESO 16 —único penal federal femenino— no prepara a las internas para la vida exterior ni para prevenir la reincidencia. Desde 2016 se han registrado 33 decesos en este centro; 26 corresponden a suicidios y el resto a negligencia médica, como la falta de suministro de medicamentos a pacientes oncológicas. Recientemente, el lunes anterior se reportó un nuevo suicidio, sumándose al ocurrido en julio, lo que evidencia una crisis humanitaria bajo la tutela del Estado.
Incumplimiento del marco legal vigente
Molina recordó que, desde hace una década, el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) obliga a las autoridades a establecer centros de atención y redes de apoyo pospenal para facilitar la reinserción, garantizar una vida digna y evitar la reincidencia. Pese a este mandato legal, las solicitudes de reunión con el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, Jacobo Rodríguez García, han sido ignoradas; la única audiencia sostenida el 16 de octubre no ha tenido seguimiento ni respuesta concreta.
Exclusión de programas locales por jurisdicción federal
La activista expuso una contradicción administrativa: aunque la Ciudad de México cuenta con esquemas de reinserción, las mujeres liberadas de centros federales son rechazadas por razón de jurisdicción. Esta brecha legal deja a la población excarcelada en un limbo institucional sin acceso a los recursos existentes a nivel local.
Líneas de atención inoperantes y testimonios de abandono
Paula Tercero, excarcelada hace cuatro años del CEFERESO 16, relató la inutilidad de los canales oficiales: ha contactado reiteradamente las líneas habilitadas por el Órgano Administrativo sin obtener respuesta, enfrentando esperas interminables y cortes de comunicación. Hay personas culpables, aunque también muchas injustamente presas, y ambas necesitan red de apoyo
, subrayó, reclamando la universalidad del derecho a la reinserción sin distinción del tipo de delito o proceso.
Urgencia en los mecanismos de preliberación
Finalmente, María del Rocío, madre de Adriana Navarro —interna desde hace siete años—, exigió agilizar los trámites de preliberación. Su hija ya ha cumplido el 50 por ciento de la condena, requisito legal para acceder a este beneficio, sin que la autoridad haya resuelto su situación, prolongando innecesariamente su estancia en un entorno que vulnera su integridad física y mental.
