Secuestro de empresario en Rosarito vincula a cártel inmobiliario y al operador “El Kado”
La privación de la libertad del empresario Jesús Molina Vargas, ocurrida el 22 de agosto en su negocio “Pikin Parque de Altura” en el kilómetro 42 de la carretera libre Tijuana-Rosarito, destapó una trama que mezcla disputas territoriales con operaciones de un cártel inmobiliario. Cuatro sujetos armados se lo llevaron en una camioneta Honda azul celeste, y horas después su familia recibió un mensaje telefónico donde los captores —quienes se identificaron como “delincuentes tapados”— alegaron que el móvil era la amistad de la víctima con Héctor Manuel García, alias El Kado u operador del Cártel Arellano Félix (CAF), y los conflictos por tierras. Molina fue liberado ileso al día siguiente en El Sauzal, Ensenada, declarando ante autoridades que no le exigieron dinero ni información específica, aunque al final sus captores mencionaron a Víctor Lagunas Peñaloza, “El Tigrito”, como razón de la liberación.
Perfil criminal de Héctor Manuel García y su red inmobiliaria
Héctor Manuel García, también conocido como Héctor Manuel Gil García o El Ka2ador, opera para la facción de Pablo Edwin Huerta Nuño dentro del CAF. Fue extraditado a EE. UU. en agosto de 2025 y posteriormente detenido en Yucatán en julio de 2026 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y evasión de justicia. Sin embargo, reportes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y autoridades estadounidenses advierten que, desde la prisión, continúa dirigiendo actividades de despojo violento de terrenos junto a su madre, casos que han derivado en homicidios de propietarios y donde se investiga la posible colusión de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para proteger a la progenitora.
Conflicto patrimonial detrás del plagio: la propiedad Candiles Dorados
El trasfondo del secuestro radica en una compleja disputa societaria por los terrenos de Comunidad Candiles Dorados A.C. (Residencias del Mar Pacífico S.A.), adquiridos originalmente a la familia Beltrán por ciudadanos alemanes (Harald Heinrich Jacob, Arnold Zur Nieden Van Waning, Helene Josefine Voigtlander Srissler). Molina, designado representante legal y apoderado desde 2016, asumió el control accionario mayoritario tras el fallecimiento de los socios fundadores en 2009. El Registro Público muestra movimientos accionarios contradictorios entre 2010 y 2012 que otorgan el 98% del capital a María Elena Barba Casillas, generando ocho carpetas de investigación en la FGE —siete por despojo y daños a favor de Molina y una en su contra por despojo, ya resuelta a su favor—.
Comerciantes de Rosarito exigen acción gubernamental ante cobro de piso
Durante la conferencia de prensa en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Rosarito, el comisionado Gustavo Arturo Torres describió un clima de terror: “actualmente sí hay cobro de piso en algunas partes de Rosarito, sobre todo al sur y al sureste; lo hemos denunciado los últimos dos o tres años y durante ese tiempo ha crecido”. Relató casos recientes como el secuestro de un mecánico en colonia Obrera y una bomba molotov en un negocio de tamales en colonia Lucio Blanco. Torres exigió a los tres niveles de gobierno —encabezados por la gobernadora Marina Ávila Olmeda— intervención urgente y anunció la gestión de un módulo semanal de la FGE en Canaco para facilitar denuncias anónimas, replicando el modelo de Tijuana.
Inteligencia señala a “El Moreno” del CDS como jefe de extorsiones en la región
La Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California identificó a Julio César Beltrán Carrillo, alias El Moreno (también conocido como El Fistr, El Rábano, Héctor Daniel Cervantes Chávez, entre otros), como cabeza de la célula extorsiva en Rosarito y zonas de Tijuana. Operador de los hermanos Arzate para el Cártel de Sinaloa (CDS) —con versiones de un eventual pase al CAF—, pesa sobre él una orden de aprehensión desde 2023 por el homicidio del policía Pedro Ángel Moreno (julio 2022). La investigación se originó en julio pasado en Tijuana, donde “cobradores” jóvenes —algunos detenidos como Josué Corral y Sacramento Carrera— operaban en zonas como Tecnológico, Postal y Mesa de Otay, usando números telefónicos (ej. 664-546-9143) y cuentas Spin Oxxo y BanCoppel para cobros, bajo amenazas de balaceras o incendios.
Modus operandi extensivo: de Tijuana a Rosarito bajo siglas criminales
La célula extorsiva actúa con siglas intercambiables (CJNG o CDS) para sembrar incertidumbre. En Tijuana, además de “El Moreno”, inteligencia ubica a Fabián Llamas (“El Cabo 45”) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (“El Ranchero”) como operadores del CDS en estas actividades. Los delincuentes dejan notas con demandas de pago (desde 5,000 USD mensuales hasta 10,000 MXN) y ejecutan ataques con armas de fuego o bombas molotov contra quienes se niegan, afectando giros diversos: talleres, smoke shops, taquerías, papelerías y abarrotes, forzando el cierre de varios. La falta de denuncias formales por miedo ciudadano dificulta la judicialización, pese a las detenciones por narcomenudeo de algunos presuntos integrantes (Jesús Manuel Lira Tabares, Luis Alberto Barrera Navarro).
Investigación en curso: seguimiento vehicular y carpetas abiertas
Respecto al vehículo usado en el plagio de Molina, las autoridades solo cuentan con video de la salida del inmueble y el registro en un arco lector, pues las placas no son legibles y se aplican peritajes de mejora de imagen. La FGE mantiene abiertas las líneas de investigación que conectan el secuestro exprés con la disputa inmobiliaria de Candiles Dorados y la estructura de cobro de piso liderada por “El Moreno”, mientras el sector empresarial insiste en que la impunidad y el miedo han permitido la expansión del delito en la zona conurbada.
