Falla en acueducto deja sin agua a 550 colonias de Tijuana y Rosarito
El pasado 24 de julio, con un día de retraso, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) reportó una avería en el acueducto Florido-Aguaje que interrumpió el suministro en cerca de 550 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito. Seis días después, el organismo dirigido por Mónica Vega Aguirre aseguraba haber restablecido el servicio al 80 % de las zonas afectadas, cifra inferior al 90 % proyectado inicialmente; sin embargo, residentes de más de treinta colonias desmintieron ese avance en redes sociales, denunciando desabasto total e intermitencia en el servicio.
Autoridades descartan deslizamiento de tierra como causa de la ruptura
Aunque el comunicado oficial atribuyó el daño en el tubo de 54 pulgadas a un “deslizamiento de tierra”, versiones de pobladores del Aguaje de la Tuna y de Protección Civil estatal y municipal contradicen esa versión. Salvador Cervantes Hernández, coordinador estatal de Protección Civil, y Óscar Jesús Páez, director municipal, confirmaron que no se detectó movimiento de suelo el día de la fuga; el último deslizamiento activo en la zona data de 2023 y mantiene 37 viviendas engomadas. Vecinos como Guadalupe señalaron que la soldadura del tubo “ya estaba picada” y que desde tiempo atrás se percibían vibraciones y ruidos por el paso del agua, evidenciando falta de mantenimiento en la infraestructura hídrica.
Déficit operativo y cuestionamientos a la gestión hídrica
Pese a que la actual administración obtuvo deuda de largo plazo por casi seis mil millones de pesos e incrementó tarifas para obras hidráulicas, se estima que se pierde el 20 % del líquido en fugas de la red. Carmelo Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA), calificó la gestión de la CESPT, la Secretaría del Agua (SEPROA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) como deficiente por carecer de visión integral y sustentable. Álvarez advirtió que invertir en la desaladora de Rosarito sin antes reparar la red equivale a “echarle agua a un balde roto”, subrayando la urgencia de atender el reúso y las fugas existentes.
Ciudadanía denuncia mentiras en cifras oficiales de restablecimiento
Usuarios de colonias como México, Xicoténcatl Leyva, Nueva Aurora Sur, Cedros, Colinas del Sol, Barcelona Residencial, Lomas de Rosarito, Santa Lucía y Benito Juárez, entre otras, tildaron de “mentira” el reporte de la paraestatal sobre la recuperación del 80 % del servicio. Testimonios como el de Víctor, residente de Cedros Sur, describen que el agua solo llega en las primeras horas de la mañana con presión mínima —un “hilito” que desaparece por la tarde— tras seis días de crisis, mientras que las pipas oficiales resultan insuficientes para cubrir la demanda básica de higiene y limpieza.
Gasto familiar y respuesta municipal insuficiente ante la emergencia
La incertidumbre obligó a familias a comprar agua en pipas privadas —hasta 300 pesos el tambo— y adquirir insumos desechables para sortear el desabasto, como relató Antonio, habitante de Viñas del Mar. El Ayuntamiento de Rosarito desplegó diez pipas gratuitas el lunes, cubriendo 15 colonias, pero la ayuda no se extendió los días siguientes pese a la persistencia de reportes en zonas como Independencia, Plan Libertador y La Mina. Paralelamente, la administración de Rocío Adame lanzó un programa de apoyo con tinacos a mil pesos por unidad (sin instalación), limitado a 300 depósitos, medida que vecinos interpretan como anticipo de escasez prolongada.
Calidad del agua y riesgos sanitarios tras el retorno del servicio
En Playas de Tijuana se reportó turbidez al restablecerse el suministro, situación que el director del CIGA, Carmelo Álvarez, atribuyó a lodo, óxido o sedimentos en tanques domiciliarios y de la red, advirtiendo sobre el riesgo de proliferación de microorganismos. El experto recomendó lavar cisternas y tinacos tras la llegada del líquido para evitar problemas de salud pública derivados de la calidad del agua distribuida.
Compromisos de reparación habitacional y vacío legal en señalización de riesgo
La reparación del acueducto requirió la demolición parcial de dos viviendas en la calle Melchor Ocampo (Aguaje de la Tuna). La CESPT costeó hospedaje temporal en hotel y se comprometió por escrito a reconstruir los cuartos demolidos en un plazo de dos meses, respetando los 16 metros de derecho de vía. Sin embargo, Guadalupe, una de las afectadas, teme que el talud modificado durante la excavación colapse con las lluvias. Carmelo Álvarez señaló la ausencia de señalización preventiva —similar a la de gasoductos— para alertar sobre la infraestructura enterrada, detectando un vacío legal que no obliga a la paraestatal a colocar letreros, aunque sí debe registrar el paso de tuberías en el Registro Público de la Propiedad. Habitantes cuestionan por qué se les permitió asentarse y recibir servicios durante 25 años si la zona es de alto riesgo y derecho de vía federal, denunciando además que la fuga no atendida de 2023 provocó el deslizamiento actual y que la titular de la CESPT, Mónica Vega, solo acudió brevemente “para la foto” sin dialogar con los damnificados.
