Estancamiento jurídico mantiene en el limbo a policías reprobados
En Rosarito, Baja California, cerca de veinte agentes municipales llevan quince meses sin definición laboral tras reprobar los exámenes de Control y Confianza. La raíz del problema radica en una discrepancia administrativa entre la Sindicatura Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha impedido que la Comisión de Honor y Justicia analice los expedientes correspondientes.
Falta de sustento jurídico paraliza a la Comisión de Honor y Justicia
El titular de la corporación, Héctor Manzo Rubalcaba, señaló que la Sindicatura determinó levantar la suspensión de estos elementos sin aportar el fundamento legal ni remitir la documentación indispensable. Esta omisión imposibilita que el órgano resolutivo sesione para dictaminar si los uniformados pueden continuar en la institución o deben ser separados definitivamente.
Levantar la suspensión no equivale a recuperar la certificación
El secretario aclaró que la medida administrativa adoptada por la Sindicatura no restituye la certificación de Control y Confianza, facultad exclusiva del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3). Por tanto, los agentes mantienen el estatus de reprobados y su continuidad depende estrictamente de una nueva evaluación y del dictamen posterior de la Comisión.
Reincorporaciones judiciales pendientes de análisis exhaustivo
Aunque el síndico procurador, Ricardo Bejarano, informó sobre resoluciones judiciales favorables para tres policías separados del cargo, Manzo Rubalcaba precisó que dichas reincorporaciones no se han materializado. Cada caso sigue bajo escrutinio jurídico y administrativo para garantizar el apego a la normativa policial vigente.
Proceso originado en evaluaciones masivas de 2025
El conflicto se originó en 2025, cuando aproximadamente un centenar de elementos fallaron en los filtros de confianza. Si bien la mayoría de los expedientes ya se resolvió, la veintena restante permanece en un vacío procedimental generado por la controversia interinstitucional sobre la ruta correcta para una eventual reinstalación.
Diferencias administrativas vulneran certeza laboral
La falta de coordinación entre las áreas jurídicas del municipio ha generado una incertidumbre prolongada que afecta tanto los derechos laborales de los involucrados como la operatividad de la corporación. La ausencia de bases documentadas para el levantamiento de suspensiones constituye el principal obstáculo para cerrar este ciclo evaluatorio.
Exigen respuesta formal para desbloquear expedientes
Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha solicitado por oficio la información jurídica necesaria sin obtener respuesta hasta el momento. La resolución de este impasse requiere que la Sindicatura entregue el sustento de sus determinaciones para que la Comisión de Honor y Justicia pueda cumplir su función constitucional de velar por la idoneidad del cuerpo policial.
