Ciudad de México.
Un mes después de que un camión que transportaba 49,500 litros de gas LP explotara en el sur de la Ciudad de México, generando una notable nube de combustible que fue seguida por un incendio, el número de fallecidos ha llegado a 31.
Después de la explosión en Iztapalapa, se llevaron a cabo traslados de 94 personas a diferentes centros médicos en la capital, con información proporcionada por la Secretaría de Salud local que indica que nueve de estas personas, incluidas cuatro menores, aún permanecen hospitalizadas debido a las lesiones por quemaduras.
Entre los afectados se encontraba Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien perdió la vida días después tras sufrir quemaduras en el 98 % de su cuerpo mientras trataba de proteger a su nieta, Jaclyn Azulet Carrillo Matías, de apenas dos años.
Dos días tras el trágico evento, su hija y madre de la niña, Cynthia Yazmín Carrillo, comentó a EFE que Alicia “es un heroína por lo que hizo”. La pequeña fue trasladada al Hospital Centro Médico de Ciudad de México y, después de varios días, fue llevada al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados positivos, iniciando también un “proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades”, según un comunicado de la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.
Exceso de velocidad como causante del accidente
El incidente ocurrió a las 14:20 hora local (18:20 GMT) cuando el camión de Transportadora Silza se volcó al descender por una curva en el Distribuidor Vial La Concordia, generando una fuga de gas debido a un daño en la pipa tras el impacto contra un bloque de contención.
Inicialmente, se consideró que el accidente pudo haber sido causado por un bache o imperfección del pavimento, pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, indicó en una comparecencia el 11 de septiembre que la investigación lo atribuyó a un presunto exceso de velocidad.
A los 31 segundos después del accidente, la nube de gas se transformó en una gran llama que afectó a personas y vehículos cercanos. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclararon que la tragedia resultó de la deflagración de la nube de gas LP y no de la explosión del tanque en sí, advirtiendo que “de haber explotado, las consecuencias habrían sido aún más catastróficas”.
Seguros e irregularidades
Tras la calamidad, Transportadora Silza emitió un comunicado aceptando su responsabilidad legal y social, asegurando que contaba con tres pólizas de seguro activas para ayudar a las víctimas y sus familias. Estas pólizas, válidas hasta finales de 2025, cubren daños a terceros, daños morales y daños ecológicos.
La compañía desmintió las afirmaciones previas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) que decían que no contaba con un seguro activo al momento del accidente. Semanas después, familiares de las víctimas denunciaron que los abogados designados por el gobierno de la capital exigían una comisión del 20 % sobre el monto total de las indemnizaciones a recibir.
Nuevas normativas tras el siniestro
En respuesta a la tragedia, las autoridades locales y federales anunciaron nuevas regulaciones para mejorar la seguridad en el transporte de combustibles y materiales peligrosos. En la capital, se estableció que las pipas no podrán cargar más de 40,000 litros, deberán circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y estarán restringidas a operar entre las 22:00 y las 05:00 horas.
A nivel nacional, a partir del 15 de octubre, será obligatoria la verificación digital de las pipas a través de códigos QR, junto con inspecciones periódicas certificadas, la instalación de limitadores de velocidad y monitoreo por GPS.
