La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha desarrollado la costumbre de comunicar mentiras, ya sea por querer aparentar, evitar situaciones incómodas o mejorar su imagen. Este comportamiento se ha vuelto habitual y preocupante.
Un ejemplo claro es cuando, en la primera semana de abril pasado, declaró que se había otorgado un aumento salarial a 60 trabajadores del área de autismo en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Tijuana, afirmación que fue desmentida por el mismo personal afectado.
En septiembre de 2024, la mandataria sostuvo en una conferencia que ella y la fiscal estaban atendiendo a la madre de Kaleb, un niño que perdió la vida, pero Vanesa, la madre del menor, expresó su indignación al ser testigo de esa falsedad.
Asimismo, Ávila anunció que la inauguración de la primera fase del Viaducto Elevado en Tijuana coincidía con el Tianguis Turístico del 28 de abril al 1 de mayo, lo que resultó ser otro engaño.
En cuanto a la planta de tratamiento de agua de Rosarito, en diciembre de 2023 aseguró que estaría lista para diciembre de 2024. Sin embargo, en la conferencia del 17 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que “entrará en operación en unos días”, y todavía seguimos a la espera.
El 14 de febrero pasado, la gobernadora reportó que la Serie del Caribe 2025 dejó una derrama de 17 mil 400 millones de pesos, afirmación que corrigió trece días después al establecer que fueron alrededor de 700 millones de pesos, culpando a sus funcionarios por la confusión.
Además, en diciembre de 2024, Ávila impuso la obligación de reemplacar vehículos con placas anteriores a 2021 a partir del 1 de julio de 2025, afectando a más de 500 mil vehículos. Ante la oposición ciudadana, rápidamente declaró que el cambio y pago serían “opcional” y prometió un decreto que, hasta la fecha, no se ha materializado.
