Magnitud de la pesca ilegal y su impacto económico en México
La pesca ilegal, la infiltración del crimen organizado en las cadenas de suministro y las limitaciones de vigilancia constituyen los retos principales para la seguridad y sostenibilidad del sector pesquero nacional, según advierten especialistas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, a nivel global, esta actividad ilícita representa cerca del 20 % de la captura total. En el ámbito nacional, el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 eleva esa proporción a niveles superiores al 40 %, lo que, aplicado al anuario estadístico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de 2025 —con una producción de un millón 816,870 toneladas y un valor de 33,643 millones de pesos—, equivaldría a 726,751.6 toneladas y 13,458 millones de pesos desviados hacia la ilegalidad.
El fenómeno del “lavado de pescado” y tipologías de irregularidades
Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana en México, alerta que un análisis de 2024 reveló que el 22 % del pescado comercializado como legal podría provenir de fuentes ilícitas, práctica conocida como “lavado de pescado” que implica falsificación documental. Las autoridades distinguen tres categorías: pesca ilegal (sin permiso), no declarada (omisión o error en reportes) y no reglamentada (en áreas sin medidas de manejo). Oceana identifica seis modalidades específicas: captura en veda, en zonas prohibidas o áreas naturales protegidas, de especies protegidas, sin autorización y con artes de pesca no permitidas.
Dimensión social y estructura del crimen organizado en el sector
Terrazas diferencia tres componentes en la problemática: una vertiente social derivada de la falta de acceso a permisos, una comercialización ilícita de alto valor —aleta de tiburón, pepino de mar, totoaba— operada por crimen organizado transnacional, y un tercer eje vinculado a deficiencias en la aplicación de la ley y coordinación institucional. Causa Natura Center documenta la evolución de grupos criminales hacia el control territorial de cadenas de comercialización, extendiendo la violencia —extorsión, toma de muelles, infiltración de mercados— desde el noroeste hacia entidades como Yucatán, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, imponiendo cuotas y castigando la disidencia.
Vacíos regulatorios y retroceso en la vigilancia pesquera
Entre las fallas estructurales destaca la falta de reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2026, y la urgencia de actualizar la propia legislación. No obstante, Terrazas enfatiza que la causa principal de la persistencia de la ilegalidad es la insuficiencia de vigilancia y la descoordinación entre autoridades, señalando un retroceso del Estado en sus funciones de inspección pese a contar con inteligencia para focalizar recursos en zonas de veda, áreas protegidas y pesquerías de alto valor.
Reducción drástica de personal y operativos de inspección
Los datos de Oceana reflejan un debilitamiento operativo sostenido: el promedio anual de Oficiales Federales de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) cayó de 183 (2009-2014) a 161 (2018-2022), situándose en 166 en 2025. Aunque en junio de 2026 la Secretaría de Marina (Semar) y Conapesca crearon la Dirección de Inspección y Vigilancia Pesquera con 145 inspectores, los recorridos terrestres y acuáticos han disminuido drásticamente en ambas instituciones desde 2009, con caídas superiores al 89 % en la Semar y al 68 % en Conapesca en periodos recientes.
Colapso en aseguramientos y actuaciones judiciales
La merma operativa se traduce en resultados tangibles: los aseguramientos de artes de pesca por Conapesca se redujeron 75.1 % entre 2011 y 2023 (de 18,778 a 4,685), mientras que los de embarcaciones y motores cayeron 86.4 %. Las retenciones precautorias de producto descendieron 90 % en el mismo lapso (de 9,496 a 953), y solo 59 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos pesqueros entre 2018 y 2023, lo que sugiere una capacidad disuasoria casi nula.
Propuestas para una estrategia integral de seguridad y sostenibilidad
Ante este escenario, Causa Natura Center propone un enfoque integral que combine tecnología, fortalecimiento institucional y protección comunitaria. Las recomendaciones clave incluyen robustecer la coordinación entre Semar, Conapesca y Guardia Nacional; modernizar y digitalizar sistemas de permisos, avisos de arribo y sanciones; e incorporar tecnologías de vigilancia inteligente —radares costeros, sistemas satelitales, drones, cámaras, GPS y aplicaciones de monitoreo ciudadano— para recuperar el control de los más de 11,000 kilómetros de litoral y garantizar la sostenibilidad del recurso.