Fiscalía de Baja California contrató a empresa sancionada por lavar dinero al Cártel de Sinaloa

La Fiscalía General de Baja California asignó contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., compañía sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La dependencia estadounidense señala a esta firma como parte de una red financiera que lavaba recursos para la facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco), y específicamente para René Arzate García (La Rana), jefe de plaza en Tijuana.

Adjudicaciones millonarias y opacidad en la Plataforma Nacional de Transparencia

Entre 2022 y 2025, la empresa obtuvo decenas de convenios que abarcan desde mantenimiento de inmuebles y mobiliario hasta equipo táctico, uniformes y un sistema de software para reconocimiento facial. Una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revela 33 contratos por 73.2 millones de pesos, 19 por adjudicación directa; sin embargo, Semanario Zeta Tijuana y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentan montos muy superiores, superando los 101 millones solo en 2023, lo que sugiere discrepancias en la información pública oficial.

Contratos federales y continuidad entre titulares de la Fiscalía

Los contratos se extienden a lo largo de las gestiones de Iván Carpio Sánchez (2022-agosto 2023) y la actual fiscal María Elena Andrade Ramírez. Resulta especialmente grave que varios convenios se financiaran con recursos federales, como los 8.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinados a uniformes tácticos en 2024, lo que implica que fondos de la Federación terminaron en una entidad señalada por narcotráfico internacional.

Gobierno estatal y municipios también contrataron a la red sancionada

La administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda —cuyo exesposo Carlos Torres Torres fue sancionado por la OFAC como operador clave— otorgó al menos siete contratos a Inteliproof por 16.5 millones de pesos entre 2022 y 2025 para equipar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión Local de Búsqueda. Asimismo, ayuntamientos como Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate celebraron convenios; en Rosarito, cuatro contratos superan los 12.8 millones, dos de ellos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Vinculación política y sanciones a exalcaldesa de Rosarito

La red de corrupción alcanza la esfera legislativa: en septiembre de 2025, la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito (2019-2024), fue sancionada por la OFAC por sus nexos con la misma estructura criminal y con La Rana. Su periodo al frente del municipio coincide con la adjudicación de contratos a la empresa ahora bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Estructura societaria y testaferros identificados por EE. UU.

Constituida en Tijuana en octubre de 2020, Inteliproof tiene como socios a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Jorge Enrique Figueroa Barrozo; este último, exdirigente de Canacintra Tijuana y exfuncionario de la Secretaría de Economía, fue coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Baja California bajo la designación de Marcelo Ebrard. Desde 2022, el apoderado legal es Carlos Villela Gómez Santelices, también sancionado por el Tesoro estadounidense por operar una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para blanquear capitales.

Implicaciones para la seguridad nacional y rendición de cuentas

El caso expone una falla sistémica en los filtros de integridad y los procesos de licitación de las instituciones de procuración de justicia y seguridad en Baja California. La contratación reiterada de una entidad señalada internacionalmente como lavadora de activos del Cártel de Sinaloa, incluso con recursos federales, exige investigaciones inmediatas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

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