Denuncia ante la CIDH por incumplimiento de sentencia y daños ambientales
Las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá para exponer el incumplimiento por parte del Estado mexicano de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2012. El litigio, registrado como caso 14.765, gira en torno a las afectaciones territoriales, ambientales y comunitarias provocadas por el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre en Chihuahua, desarrollado sin la consulta previa, libre e informada que exige el derecho internacional. Durante la audiencia pública, los peticionarios detallaron la contaminación de fuentes hídricas por descargas de aguas residuales, la acumulación de desechos sólidos, el despojo de tierras ancestrales y la exclusión de los beneficios económicos generados por la afluencia de más de 150 mil visitantes anuales.
Origen del conflicto: despojo territorial y contaminación hídrica
Los antecedentes del conflicto se remontan a 2009, cuando particulares con títulos de propiedad amenazaron de desalojo forzoso a habitantes de Huitosachi y Mogótavo. Paralelamente, en Bacajípare se detectaron brotes cutáneos en la población infantil vinculados a la descarga de aguas negras del hotel Mirador en la microcuenca local. El proyecto, gestado mediante un fideicomiso del Congreso de Chihuahua en 1997 y financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aportaciones federales, estatales y privadas —superando los 24 millones de dólares para 2012—, incluyó la construcción de un aeropuerto, 242 kilómetros de carreteras, la presa Sitúriachi, un teleférico y cerca de 2 mil 700 habitaciones hoteleras. La asesora legal Carmen Herrera subrayó que la infraestructura ocupó 150 hectáreas de Mogótavo y 20 de Bacajípare sin consentimiento comunitario.
Exclusión económica y laboral de las comunidades indígenas
A pesar de la derrama económica estimada en 291 millones de pesos el año previo, las comunidades desconocen el destino de los ingresos del Parque de Aventura, administrado por el gobierno estatal. En el ámbito laboral, la disparidad es evidente: de aproximadamente 32 trabajadores en el parque, solo seis son de origen rarámuri. Esta marginación económica se suma a la falta de servicios básicos, obligando a las familias a adquirir agua en pipas ante la inexistencia de suministro potable seguro, mientras los residuos sólidos se acumulan en zonas boscosas.
Incumplimiento de la resolución judicial de la SCJN
Un eje central de la denuncia es la inobservancia de la sentencia de amparo de 2012, que ordenó la creación de un Consejo Consultivo Regional con participación efectiva y un plan anual de desarrollo acordado. Según la representación legal, tras 51 sesiones, los intérpretes se incorporaron apenas en la número 18 (2016) y la toma de decisiones permanece en manos de autoridades y empresarios. El plan comunitario Nátiga Busuré, presentado en 2022, no ha sido adoptado, y 14 años después no existe el instrumento de planeación ordenado por el máximo tribunal. Además, se denunció que el cumplimiento judicial se condiciona a la aceptación de una planta tratadora y un vertedero en territorio de Huitosachi, llegando un Juzgado de Distrito a amenazar con multas a la consultoría técnica comunitaria por rechazar dichas instalaciones.
Respuesta del Estado: avances parciales y reconocimiento de pendientes
Funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expusieron avances como el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, amparos para reconocer la posesión ancestral en Mogótavo y un decreto presidencial que tituló la fracción Cinco Hermanos. La subsecretaría de Turismo de Chihuahua citó consultas realizadas desde 2017 para proyectos específicos —como el Sky Coaster, rechazado por las comunidades— y mencionó beneficios como acceso gratuito al teleférico y espacios de venta. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) reportó ocho inspecciones entre 2013 y 2026 con suspensiones temporales a operadores, además de la construcción de un sistema de agua potable en Huitosachi vía PROAGUA.
Cuestionamientos de los comisionados sobre gestión de residuos
Durante el intercambio, la comisionada Gloria Monique de Mees inquirió si los funcionarios consumirían el agua mostrada en videos comunitarios; el embajador Alejandro Encinas Rodríguez admitió que no es apta para consumo humano, corroborando la presencia de coliformes fecales. La comisionada Marion Bethel cuestionó la ausencia de planeación previa para el manejo de aguas residuales y sólidos en un proyecto de tal magnitud. Al cierre, Encinas reconoció que las acciones gubernamentales no han resuelto las controversias históricas, asumiendo la comparecencia como un acto de no desconocimiento de las preocupaciones expresadas.
Próximos pasos: determinación de responsabilidad internacional
El caso, admisible desde octubre de 2021, se encuentra en etapa de análisis de pruebas para determinar la responsabilidad internacional de México. Las comunidades solicitan a la CIDH que ordene la cesación de afectaciones, la reparación integral de daños y la garantía de participación efectiva en la gobernanza del proyecto y la distribución de sus beneficios. Este proceso marca más de 15 años de litigio estratégico por parte de los pueblos rarámuri en defensa de su territorio y derechos colectivos.
