Burgueño aclara que Carlos Torres no tuvo cargo administrativo en el Ayuntamiento

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, descartó de manera categórica que Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya ocupado algún puesto dentro de la estructura administrativa municipal. El presidente municipal precisó que la función de Torres se limitó a actuar como enlace del Gobierno del Estado para dar seguimiento a proyectos estratégicos, manteniendo la vinculación con el municipio en materia de infraestructura y crecimiento urbano ordenado.

Función de enlace estatal sin injerencia municipal

Burgueño subrayó que Torres formaba parte del área de proyectos estratégicos de la administración estatal y su labor consistía exclusivamente en la coordinación interinstitucional. “Él era de proyectos estratégicos del gobierno del estado y él hacía el enlace, pero con nosotros nunca tuvo que ver nada administrativamente”, enfatizó el edil, deslindando así cualquier responsabilidad municipal en el manejo de recursos públicos relacionados con dicho personaje.

Contexto de sanciones internacionales

La aclaración surge luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionara a Carlos Torres por presuntamente utilizar su influencia para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa en la entidad. Ante este escenario, el alcalde insistió en que la participación del exfuncionario estatal no implicó formar parte de la nómina ni de la planta administrativa del XXV Ayuntamiento.

Sindicatura condiciona citatorios a registro en nómina

Por su parte, la síndica procuradora Teresita Balderas informó que no procederá ningún citatorio a las personas señaladas en una denuncia ciudadana si la Oficialía Mayor no acredita su inclusión en la nómina municipal. La funcionaria explicó que, como parte del seguimiento legal, solicitaron la verificación de vínculos laborales formales para determinar la competencia de la Sindicatura en el caso.

Ausencia de vínculo laboral descarta comparecencia

Balderas descartó que Torres deba comparecer ante el Cabildo y argumentó que cualquier ciudadano puede presentar proyectos estratégicos ante la autoridad sin que ello genere una relación laboral o administrativa. Esta postura refuerza la versión oficial de que la intervención del sancionado por la OFAC se circunscribió a una gestión de enlace externo, sin facultades decisorias dentro del gobierno local.

Negativa de vínculos criminales por parte del sancionado

Carlos Torres negó categóricamente cualquier relación con grupos o actividades delictivas tras conocerse su inclusión en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense. Mientras las autoridades municipales deslindan responsabilidades administrativas, el proceso de verificación documental por parte de la Oficialía Mayor determinará el cierre definitivo de la denuncia presentada ante la Sindicatura.

Delimitación de competencias entre órdenes de gobierno

El caso evidencia la delimitación de competencias entre la administración municipal y el Gobierno del Estado en la ejecución de obras y proyectos estratégicos. La postura conjunta del alcalde y la síndica busca blindar al Ayuntamiento de Tijuana ante las implicaciones legales y mediáticas derivadas de las sanciones internacionales, reiterando que la figura de “enlace” no conlleva obligaciones patrimoniales ni administrativas para la comuna.

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