Inicio del tercer año y crisis política por manifestaciones ciudadanas
El Primer Ayuntamiento de San Quintín afronta su tercer y último año de gestión bajo una sombra de inestabilidad provocada por intensas protestas a principios de 2026. Las movilizaciones, que incluyeron bloqueos carreteros y cierre de oficinas, exigieron la destitución de la alcaldesa Miriam Cano Núñez bajo acusaciones de irregularidades financieras, opacidad en el manejo de recursos, deficiencia en servicios básicos y una presunta crisis de gobernabilidad, lo que derivó incluso en la solicitud formal de un juicio político ante el Congreso del Estado y la visibilización de un rezago histórico en infraestructura que obligó a la intervención directa del Gobierno Federal.
Detalles de las protestas y consecuencias inmediatas en el gabinete
Las manifestaciones, lideradas por las activistas Giselle Gómez Sánchez e Isela Guadalupe García Antuna, también demandaron la remoción de diez funcionarios municipales; sin embargo, solo dos renunciaron meses después y otras dos fueron reasignadas al área de Presidencia. La escalada de inconformidad forzó dos acuerdos centrales: la contratación de una auditoría financiera externa —iniciada bajo la gestión de Alfredo Álvarez Cárdenas en la Secretaría General de Gobierno sin que se hayan dado a conocer resultados definitivos— y la interposición de la denuncia de juicio político en el Poder Legislativo de Baja California, proceso que permanece estancado bajo prórrogas técnicas de análisis sin avances visibles al cierre de esta edición.
Defensa de la alcaldesa y obligada colaboración intergubernamental
Ante los señalamientos de transparencia, represalias a regidores, baja recaudación y falta de experiencia en el gabinete, la presidenta municipal Miriam Cano Núñez defendió su gestión argumentando la inexistencia de pruebas sobre mala administración. Destacó que la última cuenta pública recibió únicamente cuatro observaciones y presumió la aprobación de 24 reglamentos municipales durante su segundo año. Cano Núñez reconoció que la administración ha debido adaptarse a la intervención de los gobiernos Federal y Estatal a través del “Plan de Justicia”, lo que impuso una colaboración directa en rubros como electrificación de colonias, fortalecimiento de Seguridad Pública y gestiones para la regularización de la tenencia de la tierra con instancias como el RAN, Procuraduría Agraria, INSUS e INDIVI.
Implementación del Plan de Justicia y diagnóstico de rezago social
El 31 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín” y la activación del Centro Integrador de Bienestar, designando a Carmen Antuna Cruz, delegada de Bienestar en Baja California, como coordinadora. Antuna Cruz diagnosticó un rezago crítico en todos los servicios —agua, drenaje, electricidad, salud, pavimentación y vías de comunicación— y convocó mesas interinstitucionales para unificar esfuerzos federales, estatales y locales, buscando agilizar la entrega de apoyos sin intermediarios y destrabar la infraestructura social pendiente.
Ejes prioritarios: Vivienda, regularización territorial e infraestructura hídrica
Entre las acciones más visibles destaca el Programa de Mejoramiento de Vivienda (40 mil pesos por apoyo sin comprobación de gasto), con 10 mil tarjetas entregadas y otras 10 mil programadas. Paralelamente, se atiende la problemática de más de 280 colonias irregulares con la meta de emitir 10 mil títulos de propiedad antes de fin de año. En materia hídrica, avanza la construcción de tres plantas desaladoras y redes de suministro, mientras que en electrificación se reportan 45 colonias beneficiadas; todo ello complementado con el programa “La Escuela es Nuestra” en todos los planteles y la estrategia de salud “Casa por Casa” con consultorios gratuitos del Servicio Nacional de Salud.
Proyectos estratégicos: Hospital IMSS 69, movilidad y saneamiento ambiental
La rehabilitación del Hospital IMSS Sub-Zona 69 (colonia Las Misiones) es prioritaria, con una inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional para ampliar capacidad de 32 a 80 camas y fortalecer áreas de urgencias, quirófanos, tomógrafo y quimioterapia, con apertura tentativa en diciembre. En movilidad, el programa “Bachetón” rehabilita tramos carreteros y la SICT evalúa un proyecto de 20 km para modernizar la vía Camalú-Vicente Guerrero a bulevar de cuatro carriles, incluyendo obra de la Conagua para canalizar el arroyo Oaxaca. Respecto a basureros no regulados, Semarnat analiza confinamientos temporales para mitigar la quema de desechos y sus afectaciones a la salud.
Recta final: Certificación laboral, coyuntura electoral y retos de gobernabilidad
Como eje derivado del Plan de Justicia, se impulsa el nuevo Certificado Laboral de Exportación —ya inspeccionado en empresas locales con aceptación del sector empresarial— para regular condiciones de jornaleros agrícolas. Mientras la Presidenta Sheinbaum prevé una visita de supervisión en diciembre, San Quintín entra en tiempos electorales con más de una decena de aspirantes registrados solo por la Coordinación Municipal de Morena. El desafío inmediato para el municipio radica en la capacidad de sus autoridades locales para reconstruir la confianza ciudadana, garantizar transparencia y consolidar una gobernabilidad que transforme la inyección federal extraordinaria en desarrollo estructural sostenible.
