Denuncian al alcalde de Bahía de Banderas por violencia política de género
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Javier Santana García, enfrenta una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. La acción legal fue interpuesta el 24 de marzo de 2026 por la síndica Daniela Zeamay Sahagún Flores, quien acusa una estrategia sistemática para limitar sus atribuciones, bloquear su acceso a la información pública y coaccionar sus decisiones dentro del Ayuntamiento.
Hostigamiento y obstáculos institucionales
Según el expediente, la denunciante documentó actos de hostigamiento y exclusión institucional que dificultan el desempeño de su cargo de elección popular. Un eje central de la queja es el presunto control que el alcalde ejerce sobre la información solicitada por la Sindicatura; diversas dependencias habrían condicionado la respuesta a oficios y requerimientos a una autorización previa del mandatario, vulnerando así la autonomía fiscalizadora de la funcionaria.
Expresiones misóginas en evento público
La controversia escala al incluir declaraciones atribuidas a Santana García durante un acto celebrado el 22 de noviembre de 2025 en Compostela, Nayarit. El documento presentado ante el IEEN relata que el edil habría descalificado la participación política de mujeres candidatas mediante frases que aluden a su apariencia física —«nada más una cara bonita y una selfie»— y una expresión violenta —«les vamos a poner una buena chinga»—. Para la síndica, estos dichos constituyen violencia simbólica y psicológica basada en estereotipos de género.
Siete funcionarios más señalados
El señalamiento no se circunscribe al alcalde; la denuncia alcanza a siete integrantes de la administración municipal. Entre los acusados figuran el secretario del Ayuntamiento, José Israel Santillán Castañeda; la oficial mayor administrativa, Martha Lilia García Sedano; la directora de Medio Ambiente, Ciola Edith Arévalos Rodríguez; la directora de Desarrollo y Bienestar Social, Indiana Manaen Herrera Flores; el coordinador de Juzgados Cívicos, Máximo Diego Rivera Palomera; el jefe de Comunicación Social, Javier Francisco Mondragón Palomares, y el jefe de Gabinete, Edson Carlos Olvera García.
Presiones en la aprobación del presupuesto
A las restricciones informativas y los agravios verbales se suman acusaciones por exclusión de actividades oficiales y presiones directas vinculadas al sentido del voto de la síndica durante la discusión y aprobación del presupuesto municipal. Asimismo, se denuncian supuestos intentos por impedir que el conflicto escalara a medios de comunicación de alcance nacional, configurando un entorno de presión política integral.
Solicitud de medidas de protección
Ante la gravedad de los hechos, Sahagún Flores requirió al organismo electoral la implementación de medidas de protección para salvaguardar su integridad y la de su círculo familiar. La comparecencia quedó registrada en un acta de diez páginas que ahora obra en poder del IEEN, instancia encargada de analizar las pruebas y determinar si configuran infracciones a la legislación en materia de violencia política de género.
Proceso en etapa de investigación
Por el momento, los señalamientos constituyen acusaciones pendientes de resolución. Corresponderá al IEEN y, en su caso, a las instancias jurisdiccionales correspondientes, valorar el material probatorio para establecer la existencia de la violencia política denunciada y fincar las responsabilidades legales que procedan contra el presidente municipal y su equipo de gobierno.
