Transportistas convocan a manifestación en Tijuana para exigir seguridad y certidumbre fiscal
Cuatro organismos del autotransporte de carga —Hamotac, Fematrac, Indeco y Canacar— han citado a una movilización pacífica para el 26 de octubre de 2026 en Tijuana bajo las consignas de ser escuchados y obtener respuestas concretas. La protesta, que podría reunir hasta un centenar de unidades, busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector: inseguridad en carreteras, extorsiones, infraestructura deficiente y una carga fiscal que, denuncian, no corresponde a la realidad económica del transporte formal. Los representantes gremiales enfatizan que no se oponen al pago de impuestos, sino que exigen que los recursos públicos se traduzcan en seguridad, infraestructura y bienestar social.
Recorrido programado sin bloqueo de vialidades
El contingente iniciará su trayecto a las 10:00 horas sobre la Carretera Internacional, a la altura de la Aduana de Importación, para dirigirse posteriormente al Palacio Municipal. La ruta continuará descendiendo hacia Zona Río a través de la colonia Libertad, tomará el bulevar Paseo de los Héroes y la Vía Rápida con dirección a la Central Camionera, para finalmente subir hacia Otay y regresar al punto de partida. Los organizadores subrayaron que la dinámica no constituye un bloqueo carretero y pidieron comprensión a clientes y sociedad ante posibles ajustes operativos, comprometiéndose a actuar con responsabilidad para minimizar afectaciones a las cadenas productivas.
Pliego petitorio: inseguridad, costos y competencia desleal
Entre las problemáticas estructurales que motivan la acción colectiva destacan el robo de mercancía, la extorsión sistemática, el deterioro de la red vial federal y el incremento sostenido de costos operativos y fiscales. A ello se suma la falta de liquidez y una competencia desleal propiciada por incumplimientos regulatorios en diversos eslabones de la cadena logística, factores que —advirtieron— dificultan la inversión, la conservación de empleos y la prestación de servicios sostenibles. El gremio demandó al Gobierno Federal y a las autoridades competentes respuestas verificables y no solo gestos protocolarios.
SEGOB ofrece diálogo; transportistas denuncian falta de resultados
Ante el anuncio de un paro nacional indefinido convocado inicialmente para el lunes previo —en rechazo a la eliminación de estímulos fiscales en el Paquete Económico 2027 y la crisis de inseguridad—, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió un comunicado reiterando su disposición al diálogo a través de mesas de trabajo institucionales. Sin embargo, los dirigentes transportistas replicaron que sus representaciones nacionales han agotado la labor de consenso y socialización de demandas sin obtener resultados tangibles, lo que precipitó la convocatoria a la movilización callejera.
Panorama legislativo adverso para el Paquete Económico 2027
El contexto legislativo añade presión: el Senado de la República tiene programada la votación de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, la Ley Federal de Derechos y la Ley del ISR para el martes siguiente a la manifestación. El senador Máximo García, del Partido Acción Nacional (PAN), anticipó que es improbable que la mayoría oficialista (Morena y aliados) acepte modificaciones o reservas a las iniciativas del Ejecutivo Federal, dado que en comisiones —Hacienda y Estudios Legislativos Primera— los dictámenes fueron aprobados sin cambios tras su envío desde la Cámara de Diputados.
Impacto estimado en la frontera y cadenas de suministro
Israel Delgado, consejero nacional de Canacar, dimensionó el alcance potencial del conflicto al estimar que un paro generalizado podría inmovilizar hasta 1 millón 200 mil camiones en el país, de los cuales cerca de 2 mil unidades corresponden a operaciones de exportación en Tijuana. Esta cifra revela la vulnerabilidad de la cadena logística transfronteriza ante la parálisis del autotransporte formal, sector que mueve la inmensa mayoría del comercio terrestre en México.
Exigen transformar recaudación en servicios públicos efectivos
En síntesis, las organizaciones firmantes reiteran su disposición a cumplir con sus obligaciones tributarias y su rol como generadores de empleo y desarrollo, pero condicionan la viabilidad del sector a que el Estado garantice el cumplimiento de sus funciones esenciales: seguridad pública, infraestructura carretera digna y certeza jurídica. La manifestación en Tijuana funciona, por tanto, como un ultimátum ciudadano y gremial para que la agenda legislativa y ejecutiva atienda la emergencia operativa del autotransporte de carga antes de que la crisis derive en una parálisis logística de mayores proporciones.
