Centenares de familias exigen avances en investigación por fraude inmobiliario en Tijuana
Cerca de 200 núcleos familiares que adquirieron lotes en el fraccionamiento Lomas de San Antonio se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para demandar celeridad en las indagatorias por un presunto fraude inmobiliario y obtener certeza jurídica sobre sus patrimonios. La movilización surge tras una cita previa acordada con la fiscal María Elena Andrade, quien había visitado la zona de Cedros días antes para comprometerse con el seguimiento de las carpetas de investigación.
Años de pagos sin certeza jurídica ni escrituras
Los afectados, algunos con hasta seis años de mensualidades cubiertas por terrenos valuados en aproximadamente 28 mil dólares, denunciaron irregularidades en la comercialización bajo denominaciones como Alianza y Brisas 2. La alarma escaló tras la detención de un sujeto vinculado presuntamente a un cártel inmobiliario, quien fungía como intermediario; posteriormente, las oficinas de cobro fueron clausuradas y las supuestas nuevas sedes para continuar pagos nunca operaron. Varios compradores aseguran haber liquidado su deuda sin recibir la carta finiquito correspondiente.
Denuncian hostigamiento y presión para desalojar predios
Además de la incertidumbre legal, los residentes —alrededor de 80 predios habitados en una sola manzana— reportan actos de intimidación para abandonar sus propiedades. Señalan la presencia de personas identificadas con Grupo Nisa realizando recorridos y mediciones en la zona. Una afectada relató que un individuo, quien primero dijo ser personal de la FGE y después representante de un particular, le otorgó un plazo de dos semanas para desocupar su lote, generando un clima de miedo e inestabilidad.
Reclaman claridad sobre la situación registral de los inmuebles
El núcleo de la exigencia radica en el esclarecimiento de la situación registral y legal de los predios. Las familias solicitan a las autoridades determinar la viabilidad de sus derechos propietarios para evitar la pérdida de su inversión tras años de esfuerzo económico. La falta de respuestas oficiales mantiene a los compradores en un limbo jurídico que pone en riesgo su patrimonio.
Estrés y desgaste emocional en los compradores afectados
La incertidumbre prolongada ha derivado en un severo deterioro de la salud mental y económica de los denunciantes. Los afectados describen la situación como un “estrés total” y un proceso desgastante que les obliga a invertir tiempo y recursos en trámites burocráticos sin obtener resultados concretos, mientras el temor a perder sus hogares persiste día a día.
Autoridades comprometidas a crear unidad especializada
Este caso se enmarca en una problemática mayor en Baja California, donde las autoridades han anunciado la creación de una Unidad Especial contra el fraude inmobiliario vinculado a grupos delictivos. La medida busca fortalecer la persecución de estos delitos y ofrecer mecanismos de verificación documental para prevenir futuras estafas, aunque los afectados de Lomas de San Antonio urgen resultados inmediatos para su caso específico.
Exigen justicia y seguridad patrimonial inmediata
En definitiva, los compradores reclaman el derecho a la seguridad jurídica sobre los bienes que han pagado durante lustros. La presión social sobre la FGE aumenta para que las investigaciones trasciendan lo burocrático y garanticen la protección de casi doscientas familias frente a redes de corrupción e impunidad que operan en el sector inmobiliario de la región.
