Red empresarial sancionada por EE. UU. acaparó 42 contratos públicos en Baja California
Un total de 42 contratos públicos fueron adjudicados por diversas dependencias de Baja California a la red de empresas liderada por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, recientemente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la autoridad estadounidense, esta estructura funciona como un engranaje criminal para el blanqueo de capitales al servicio de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza, vinculada a Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco. El señalamiento impacta directamente a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que varios políticos morenistas cercanos a su círculo —incluido su exesposo Carlos Torres Torres, su cuñado Luis Alfonso Torres y el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García— aparecen en la lista de designados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Empresas creadas al amparo del poder político local
Las compañías designadas —entre ellas Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Baja Fixer Group y Videovigilancia Colaborativa— comparten una estructura societaria casi idéntica y fueron constituidas a partir de 2021, coincidiendo con la campaña y el inicio de la gestión de la actual gobernadora; una de ellas incluso se registró el mismo día de la toma de protesta. Aunque el conglomerado abarca giros de seguridad, bienes raíces y entretenimiento, únicamente Inteliproof Efficient y Private Equity Baja concentraron la adjudicación directa de contratos gubernamentales para la compra de equipamiento táctico, tecnología de videovigilancia, software de reconocimiento facial, patrullas y uniformes, acumulando más de 139 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Oficial Mayor de la FGE, pieza clave en la asignación de contratos
Ricardo Daniel Garduño Barrera, oficial mayor de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde noviembre de 2019, funge como el hilo conductor operativo al haber autorizado la mayoría de los 40 contratos otorgados a Inteliproof Efficient por ese organismo autónomo. Garduño Barrera mantiene vínculos societarios con Juan Manuel Lameiro Camacho y Marcos Alberto Pérez Sánchez —subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Educación— en el hotel Jatay de Tijuana. A su vez, Lameiro Camacho es socio de Luis Alfonso Torres y de Carlos Torres Torres en la empresa Vida Orgánica Tijuana, sociedad donde la propia gobernadora figuró como accionista hasta 2023, y que también fue sancionada por la OFAC en septiembre de 2026 por formar parte del esquema de lavado de dinero.
Adjudicaciones directas a ayuntamientos de Morena y aliados
El alcance contractual trascendió al ámbito estatal para beneficiar a administraciones municipales afines. Durante la gestión de Montserrat Caballero Ramírez en Tijuana, la empresa proveyó servicios de semaforización por varios millones de pesos; en Playas de Rosarito, bajo el gobierno de Araceli Brown Figueredo, se le compraron patrullas y uniformes con contratos superiores a dos millones de pesos cada uno; y en Tecate, la administración de Román Cota Muñoz contrató asesorías y foros a Private Equity Baja. Incluso la actual gestión de Ismael Burgueño Ruiz en Tijuana arrendó cuatro patrullas a Inteliproof en diciembre de 2025 por 3.5 millones de pesos, evidenciando la continuidad del proveedor pese a las alertas internacionales.
Estructura societaria repetida y testaferros identificados
El análisis de la composición accionaria revela un patrón constante: Marco Antonio Moreno Gómez Santelices figura como propietario único o mayoritario, acompañado por el delegado especial Alejandro Martín Colmenares y un grupo rotativo de representantes legales integrado por Silvia Beatriz Ocaña Palazuelos, Danna Aremy Palestina Lau y, a partir de 2026, Siria Solís Sánchez —ex jefa de oficina de la Presidencia Municipal de Mexicali—. En Private Equity Baja destacan además la participación de Ernesto Díaz Infante Gómez, consejero de Coparmex Tijuana, y del Grupo Uribe Capital, cuyos socios tienen intereses en el sector hidrocarburos en Coahuila, lo que sugiere una red de lavado de activos diversificada geográficamente.
Respuesta institucional: revisión a posteriori y deslindes de responsabilidad
Ante la publicación de la lista de bloqueados el 29 de septiembre de 2026, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor Estatal auditar los expedientes contractuales y turnarlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El argumento oficial sostiene que las contrataciones se realizaron cuando no existía impedimento legal ni inhabilitación previa, y que la autonomía constitucional de la FGE exime al Ejecutivo estatal de la gestión directa de تلك compras. No obstante, el comunicado oficial admite la existencia de “información nueva” y compromete la revisión exhaustiva para deslindar responsabilidades, negando cualquier vulneración de bases de datos institucionales al asegurar que el resguardo de sistemas permanece en personal facultado de las corporaciones de seguridad.
Unidad de Inteligencia Financiera valida bloqueo y detecta irregularidades
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó la incorporación de 21 personas físicas y 25 entidades morales a la Lista de Personas Bloqueadas el 29 de septiembre de 2026, replicando la designación de la OFAC. El Gobierno Federal confirmó que el análisis de operaciones financieras en instituciones nacionales reveló operaciones de riesgo e irregularidades transaccionales vinculadas a estas redes operativas, logísticas y financieras del Cártel de Sinaloa, cerrando el cerco jurídico y financiero sobre la estructura empresarial que operó impunemente desde la administración pública bajacaliforniana.
