De la despenalización al acceso real: el estado del derecho al aborto en México
En el contexto del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Itzayana Zúñiga, formadora del Programa Integral de Género del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, analiza la evolución de los derechos reproductivos en México. Tras décadas de criminalización que obligaban a la clandestinidad, el primer hito llegó en 2007 con la despenalización en la Ciudad de México bajo un gobierno de izquierda, seguido por Oaxaca en 2019. Hoy, 25 entidades federativas han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, aunque Zúñiga enfatiza que la reforma legal es apenas el “piso mínimo” y no el objetivo final.
La nueva frontera: garantizar la accesibilidad efectiva
El desafío actual ha mutado de lo jurídico a lo material. La interrogación central ya no es cuántos estados han legislado, sino quién puede acceder realmente a un procedimiento gratuito, seguro, oportuno, confidencial y libre de estigma. Persisten barreras geográficas —concentración de servicios en capitales—, económicas —costos de traslado y manutención—, culturales y lingüísticas —especialmente para mujeres indígenas y rurales—, así como obstáculos institucionales y la desinformación. La experta subraya que, tras años de persecución, la primera necesidad de muchas usuarias es encontrar acompañamiento que valide su derecho a decidir sin culpa.
Obligaciones estatales y el mandato de la Suprema Corte
Zúñiga recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones materiales para ejercer la autonomía reproductiva, no solo de dejar de criminalizar. En este sentido, destaca el criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece la obligación de las autoridades sanitarias de organizar, implementar y difundir los servicios de aborto donde ya está despenalizado, abriendo la vía al amparo ante la omisión. Una iniciativa presentada en el Senado el 24 de septiembre busca elevar la salud sexual y reproductiva a materia de salubridad general, priorizando su disponibilidad y accesibilidad en todo el territorio nacional.
Desigualdad reproductiva: el rostro de la injusticia social
La activista advierte que si una mujer con recursos puede viajar para abortar de forma segura, mientras una mujer pobre, rural o adolescente no puede, persiste una desigualdad reproductiva inaceptable. Durante los 12 años en que solo la Ciudad de México ofrecía servicios legales, miles de mujeres enfrentaron riesgos, gastos imposibles y la obligación de ocultar su decisión. La experiencia de Zúñiga como acompañante durante más de una década confirma que la falta de redes de apoyo, información y solvencia económica condenaba a las más vulnerables a la clandestinidad, demostrando que el derecho a decidir es, fundamentalmente, un asunto de justicia social y de clase.
Disputas culturales y resistencias en América Latina
En el plano regional, la batalla se libra también en el terreno simbólico. Sectores conservadores mantienen la narrativa de que la maternidad es un destino obligatorio y que la capacidad reproductiva debe someterse a control social. Frente a esta disputa cultural, Zúñiga identifica la urgencia de combatir el estigma y la desinformación, que actúan como barreras invisibles pero infranqueables para el ejercicio efectivo de la libertad reproductiva en toda América Latina.
Estrategias colectivas: la fuerza de la Marea Verde y las redes de acompañamiento
La historia del movimiento —encarnada en la Marea Verde— demuestra que ningún derecho se conquista en soledad. La formadora de MORENA aboga por fortalecer las alianzas transfronterizas entre acompañantes, personal de salud, juristas, académicas y organizaciones de derechos humanos. Estas redes son, a menudo, el primer contacto para quien necesita interrumpir un embarazo y constituyen una forma de hacer política desde el cuidado. Compartir estrategias jurídicas exitosas y defender la memoria histórica de las víctimas de la criminalización son pilares para evitar retrocesos.
Hacia una agenda latinoamericana de justicia reproductiva integral
La propuesta final trasciende la consigna de “aborto legal” para exigir aborto seguro, gratuito, accesible y acompañado. Zúñiga señala que las mujeres con recursos siempre encontraron salidas; la deuda histórica es con las pobres, racializadas y jóvenes. La tarea inmediata es doble: blindar los avances legislativos conseguidos y transformar las condiciones materiales para que ninguna persona gestante deba elegir entre su libertad reproductiva y su seguridad, ni verse obligada a migrar internamente para ejercer un derecho humano fundamental.
