Requisito de nacionalidad exclusiva para cargos ejecutivos
El Poder Ejecutivo Federal ha impulsado una reforma constitucional que coloca la doble nacionalidad en el epicentro del debate público. La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2026, busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna para exigir un vínculo jurídico y político exclusivo con México a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Alcance limitado a titulares del Ejecutivo
La medida no elimina la doble nacionalidad para la población general ni veta el acceso a cualquier cargo público. Su aplicación se circunscribe estrictamente a las tres máximas responsabilidades del Poder Ejecutivo en los ámbitos federal y local. El proyecto establece la figura de “nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”, diferenciando los derechos ciudadanos plenos de los requisitos especiales para estos puestos de alta dirección estatal.
Obligación de renunciar antes de contender
El cambio sustancial radica en que los aspirantes con otra ciudadanía deberán renunciar a ella formalmente antes de solicitar su registro como candidatos. La reforma transita de una prohibición centrada en “adquirir” una nacionalidad extranjera a una regla que sanciona el mero hecho de “tenerla”. Esto afecta directamente a mexicanos por nacimiento que poseen otra nacionalidad por origen familiar o lugar de nacimiento, exigiendo que la renuncia surta efectos jurídicos plenos y no sea solo un gesto declarativo.
Restricciones durante el mandato
Las obligaciones se extienden tras la victoria electoral. Quien ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir ni tramitar otra nacionalidad durante su gestión. Asimismo, se prohíbe el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, invocar una nacionalidad distinta ante autoridades de otros Estados, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de un gobierno foráneo, garantizando así la lealtad institucional ininterrumpida.
Fundamento: soberanía y mando supremo
La exposición de motivos argumenta que la titularidad del Ejecutivo concentra atribuciones sensibles: conducción política del Estado, seguridad nacional, relaciones exteriores y, en el nivel federal, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Bajo esta lógica, el dictamen considera indispensable un vínculo jurídico excluyente para salvaguardar la soberanía y evitar conflictos de lealtad en la toma de decisiones estratégicas.
Estado del trámite legislativo
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen con 26 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, y cinco en contra de la oposición. La iniciativa establece disposiciones transitorias para su aplicación en futuros procesos electorales, por lo que su vigencia dependerá del texto definitivo que apruebe el Pleno y las legislaturas estatales, sin afectar retroactivamente a quienes actualmente ostentan doble nacionalidad.
