Retención ilegal de vehículo en corralón de Sánchez Taboada
Una ciudadana sufrió la retención indebida de su automóvil durante casi dos horas en el corralón municipal de la delegación Sánchez Taboada, pese a haber liquidado la multa y el arrastre correspondientes. La denuncia, presentada ante ZETA, señala la complicidad del funcionario de la Sindicatura, Jesús Ángel Armenta Cisneros, quien avaló la demora bajo argumentos técnicos falsos. Los hechos, ocurridos el viernes 28 de agosto de 2026, configuran una aparente represalia por la negativa del afectado a participar en un acto de corrupción con un elemento de vialidad.
Origen del conflicto: negativa al soborno
El incidente se originó el jueves 27 de agosto, cuando Elías, pareja de la propietaria, fue interceptado por un policía motorizado en el Libramiento Rosas Magallón, cerca del bajo túnel de la 5y10. El uniformado —que omitió identificarse— argumentó haber pisado una línea amarilla doble prácticamente borrada para justificar el remolque. Ante la insistencia del oficial por “arreglar” la situación sin infracción formal, el conductor rechazó la mordida y exigió el procedimiento legal, siendo escoltado a la Comandancia Regional Sur Margarito Saldaña.
Complicidad judicial y actuación de la grúa
En la comandancia, el juez municipal declaró no poder actuar al no existir multa levantada y sugirió explícitamente “arreglarse con el policía afuera” para evitar el pago de arrastre, reconociendo que el agente ya le había “echado la mano” al no remolcar de inmediato. Tras 15 minutos de negociación fallida donde el policía advirtió que “dejarlo ir no era gratis”, el ciudadano ratificó su postura anticorrupción. En respuesta, el oficial ordenó el remolque inmediato mediante Grúas Arrastres de Tijuana, aunque posteriormente el juez redujo la sanción de 3,600 a 590 pesos.
Bloqueo en el depósito vehicular
Al acudir al día siguiente al depósito de la avenida de las Palomas, número 270, colonia Amparo Sánchez, con los comprobantes de pago en regla, el personal de grúas y la ausencia inicial del representante de Sindicatura impidieron la entrega. Alegan problemas técnicos inexistentes —supuesta falta de mecánicos y maquinaria— para justificar una espera de una hora con 50 minutos, violando el derecho del usuario a la restitución inmediata de su bien.
Intervención del funcionario Armenta Cisneros
La llegada de Jesús Ángel Armenta Cisneros, representante de la Sindicatura, endureció la negativa con una actitud autoritaria, reiterando la imposibilidad de maniobrar el vehículo. Sin embargo, tras recibir una llamada telefónica, su trato cambió radicalmente a uno amable y, en cinco minutos, el automóvil fue liberado sin que mediara ninguna reparación mecánica, confirmando que la retención fue dolosa y discrecional.
Testigos y versión oficial cuestionada
Un operador de grúa ajeno al caso confirmó extraoficialmente que la maniobra de entrega era viable técnicamente en todo momento, desmintiendo la versión de los tres mecánicos trabajando. Por su parte, Comunicación Social del Ayuntamiento justificó el retraso argumentando que la plataforma de la grúa remolcadora estaba descompuesta, versión que contradicen los testigos y la rapidez de la entrega final.
Falta de respuesta institucional
ZETA solicitó entrevista con la Síndica Procuradora, Teresita Balderas Beltrán, para conocer su postura sobre la denuncia de abuso de autoridad y colusión, sin obtener respuesta al cierre de la edición. El caso expone una cadena de irregularidades que vincula a policía vial, juez municipal, personal de arrastre y funcionario de control interno en un esquema de presión y castigo contra la integridad ciudadana.
