Ciudad de México, 17 abr (EFE).- Organizaciones defensoras de los animales cuestionaron la legalidad del sacrificio de más de 10,000 perros callejeros, un hecho reconocido por la senadora mexicana Mariela Gutiérrez en Tecámac, Estado de México. Alertaron que ninguna normativa permite llevar a cabo prácticas de esta magnitud, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no se cometió ninguna infracción legal.
Ethel Herrejón, portavoz de la Alianza Nacional Un Millón de Esperanzas, que incluye más de 170 ONG, declaró a EFE que ninguna regulación puede sobrepasar lo estipulado en la Constitución, que protege el derecho a un medio ambiente saludable. Además, destacó que la Ley Federal de Sanidad Animal limita el sacrificio a situaciones específicas, lo cual no justifica la eliminación masiva de animales sanos.
“Ninguna norma está por encima de las leyes; están infringiendo la ley federal”, advirtió Herrejón.
La controversia surgió después de que la legisladora admitiera haber autorizado el sacrificio de 10,000 perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, entre 2019 y 2023, justificado con la normativa que regula los métodos de eutanasia animal.
El municipio de Tecámac, con 500,000 habitantes, se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros al norte de la Ciudad de México.
Sheinbaum declaró el jueves que no se violó la ley, ya que la práctica estaba contemplada en la normativa existente, aunque consideró necesario revisarla. Sin embargo, Herrejón argumentó que la legislación solo establece cómo debe llevarse a cabo la eutanasia, pero no autoriza ni justifica sacrificios masivos, y advirtió que este tipo de acciones podrían implicar responsabilidades penales a nivel estatal.
“Esta persona cometió un delito”, afirmó, y anunció que la alianza está preparando un documento para solicitar la destitución de Gutiérrez del Senado, la remoción de su fuero y su procesamiento penal. A su vez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ha iniciado una investigación sobre posibles delitos de maltrato animal, según lo estipulado en el Código Penal estatal, que castiga la muerte de animales que no constituyan plaga, con penas de hasta seis años de prisión, agravadas si los responsables son servidores públicos.
Herrejón insistió en la necesidad de investigar los métodos utilizados para sacrificar a los animales, señalando que la eutanasia requiere medicamentos específicos y protocolos que implican costos y supervisión. “No se pueden sacrificar animales sanos; ¿bajo qué método los eliminó?”, preguntó, advirtiendo que sin el presupuesto adecuado ni un registro del uso de fármacos, no hay garantías de que se haya seguido la normativa en cuanto a la eutanasia.
La activista también cuestionó si existían los recursos suficientes para realizar miles de eutanasias, resaltando que, en su experiencia, los centros de control animal suelen carecer de presupuesto incluso para esterilizaciones, bajo el pretexto de la “austeridad” de los recursos. Finalmente, mencionó que algunas fuentes indican que el número de perros sacrificados supera los 14,000, cifra que aún no ha sido confirmada por las autoridades. La controversia ha reavivado el debate en México en torno al manejo de animales callejeros, un problema que Gutiérrez misma considera una “crisis real” a nivel nacional, impulsada por el abandono, la reproducción descontrolada y la presencia de animales enfermos o agresivos.
