Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump ha modificado su enfoque hacia la inmigración tras el incremento de las denuncias y protestas en contra de las redadas y arrestos masivos, donde se detiene a unas mil personas diariamente. Ahora, implementa medidas menos visibles para restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios de salud.
Datos recientes proporcionados al Congreso la semana anterior indican que se deportaron alrededor de 36 mil inmigrantes mensualmente durante 2025. Además, aproximadamente 60 mil extranjeros se encontraban detenidos en los primeros meses de este año, lo que representa un aumento drástico respecto al promedio de 40 mil del 2024, según informaron Bloomberg y NBC News.
El gobierno de Trump sostiene que cumple con su meta de expulsar a más de un millón de inmigrantes anualmente, argumentando que cientos de miles se han “autodeportado” ante el aumento de las amenazas de persecución, redadas y violencia. Sin embargo, dado que las autoridades han dejado de publicar estadísticas mensuales, es imposible verificar estos datos.
Un informe de CNN de marzo señaló que solo 72 mil inmigrantes habían comunicado a la administración federal su intención de autodeportarse para obtener recompensas monetarias por hacerlo.
En respuesta, Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias del presidente, busca nuevas maneras para acelerar el proceso de deportaciones. Por ejemplo, el Departamento de Justicia está instando a los jueces de inmigración a que agilicen los procedimientos, despidiendo a más de 100 de los 750 jueces especializados que no se ajustaban a esta orden.
La juez de inmigración Holly D’Andrea comentó a The New York Times que “todos estamos mirando por encima del hombro”. Miller ha afirmado que el gobierno no está obligado a ofrecer audiencias judiciales a los “ilegales”. En Estados Unidos, los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia y pueden ser despedidos bajo órdenes del presidente.
De hecho, muchos de los detenidos en las redadas masivas tienen documentos o han presentado solicitudes legales para residir en el país, pero son arrestados por “aparentar” ser extranjeros, por hablar español u otros idiomas, o por no llevar sus documentos durante el arresto. Abogados han interpuesto numerosas demandas legales para detener las redadas y liberar a sus clientes, sin embargo, el proceso es lento y complicado, y los jueces enfrentan una creciente presión para deportar más personas o arriesgarse a perder sus empleos.
