Publicado el 13 abr. 2026
Denuncias de Corrupción en Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 13 (El Diario).- Representantes del sector inmobiliario y organismos consultivos han señalado presuntos actos de corrupción en la obtención de permisos de construcción en Tijuana. Funcionarios públicos estarían exigiendo pagos ilegales, conocidos como “moches”, para acelerar o desbloquear trámites administrativos.
Testimonios Coincidentes
Desarrolladores, gestores y personas relacionadas con procesos municipales han señalado que, ante la falta de criterios claros y la discrecionalidad en las autorizaciones, los “moches” varían entre 5 mil y 30 mil dólares para agilizar trámites urbanos. Procedimientos como cambios de uso de suelo y licencias de construcción, que deberían resolverse con criterios transparentes, quedan frenados hasta que se realiza un pago informal.
El Proceso de Trámites
Este pago no asegura una respuesta rápida, pero sí facilita el avance del proceso. Sin realizar esta transacción, los expedientes pueden estar estancados durante meses. El Ayuntamiento ha reconocido que Tijuana ha arrastrado herramientas de planeación desactualizadas durante años.
Falta de Actualización en Reglamentos
La ciudad ha seguido creciendo bajo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2009-2030 y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 2010-2030, a pesar de que desde 2017 se había ordenado su actualización. Durante este periodo, la autoridad mantuvo facultades para otorgar permisos y definir usos de suelo, pero sin criterios actualizados o homologados.
Discrecionalidad como Negocio
Esta falta de claridad ha propiciado un ambiente donde la discrecionalidad se convierte en un negocio, pues cada funcionario interpreta los trámites de manera distinta, marcando así diferentes precios que dependen del proyecto. Esto implica observaciones técnicas que carecen de fundamento uniforme, cambios de criterio entre diferentes áreas, y requisitos que se modifican a lo largo del proceso.
Consecuencias de la Inseguridad Jurídica
En este contexto, el “destrabe” se transforma en un tema económico. Se afirma que los montos demandados dependen del tamaño del desarrollo, su localización y la urgencia del interesado. La falta de actualización del plan urbano no solo es un rezago, sino que crea un ambiente de incertidumbre que se monetiza.
Crecimiento Poblacional y Desafíos Inmobiliarios
El Consejo Consultivo Empresarial ha alertado sobre el rezago en el área de desarrollo urbano en Tijuana, que lleva más de una década sin actualizar sus instrumentos. Además, hay más de 600 fraccionamientos no entregados al Ayuntamiento, evidenciando un crecimiento irregular. Tijuana ha experimentado un crecimiento poblacional significativo del 23 por ciento entre 2010 y 2020, lo que subraya la necesidad de una adecuada planeación urbana.
Problemas en el Sector Inmobiliario
En paralelo, el sector inmobiliario enfrenta denuncias penales, incluida la vinculación a proceso de presuntos operadores de un “cártel inmobiliario”, acusados de despojo y extorsión. En el último año, se han documentado entre 200 y 300 denuncias por fraudes inmobiliarios. Aunque el alcalde Ismael Burgueño prometió actualizar el plan urbano, después de más de 18 meses de gobierno, este sigue sin consolidarse adecuadamente, lo que resulta en una situación donde se negocian los permisos.
Impacto en Ciudadanos e Inversionistas
El costo de esta situación lo asumen los ciudadanos que habitan en áreas saturadas y con servicios insuficientes, así como los inversionistas que intentan cumplir con la ley y descubren que la seguridad jurídica depende más de la capacidad de gestión que de las normativas vigentes.
