El 26 de marzo de 2026, una noticia desde España conmocionó al mundo: Noelia Castillo, una joven de 25 años en estado de paraplejía, falleció en el centro de Sant Pere de Ribes tras recibir la eutanasia que había solicitado durante años.
En sus últimas palabras a la prensa, expresó su deseo de descansar, afirmando: “No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”.
Noelia quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y por los problemas familiares que la llevaron a ser tutelada durante parte de su infancia.
Según las autoridades españolas, su intento de acabar con su vida fue motivado por haber sido víctima de una violación en grupo.
El caso de Noelia tuvo un gran impacto en España, un país con una fuerte herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para frenar la asistencia para morir que había sido aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación en Cataluña.
Antes de la fecha prevista para la eutanasia, en agosto de 2024, el padre logró interponer un recurso que detuvo temporalmente el proceso. Sin embargo, año y medio después, las decisiones judiciales no lograron paralizarlo, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la suspensión.
Eutanasia en México
En México, la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud, que penaliza desde el suicidio asistido hasta el homicidio por piedad. Sin embargo, se ha regulado la voluntad anticipada, que abarca la ortotanasia.
No obstante, hay un creciente interés por parte de los legisladores para despenalizar y regular la eutanasia, reflejado en la iniciativa ciudadana conocida como “Ley Trasciende”, impulsada por Samara Alejandra Martínez Montaño y apoyada por senadores de diversos partidos.
Dicha propuesta busca incorporar el Título Octavo Ter “Eutanasia” a la Ley General de Salud, justo después del Título Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, con el objetivo de regular el derecho a la eutanasia y derogar el artículo 166 Bis 21 que prohíbe la práctica.
Esta iniciativa se inspira en las voces de miles de personas que, mediante su valentía y testimonios, han puesto de relieve la realidad de quienes enfrentan condiciones de salud que limitan su calidad de vida de manera irreversible.
La abogada y activista Paola Zavala, una de las autoras de la Ley Trasciende, expuso los fundamentos legales de la propuesta durante un conversatorio organizado por la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD). Zavala enfatizó que el objetivo principal de la Ley es fomentar un debate profundo sobre la regulación de la muerte asistida, centrado en el respeto por la dignidad humana y el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida.
Impacto de enfermedades terminales en México
El efecto de las enfermedades terminales y condiciones irreversibles en México destaca la necesidad urgente de esta reforma. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se registraron 89,574 muertes por tumores malignos relacionados con el cáncer, cifra que ha aumentado, pasando de 62.04 muertes por cada 100,000 personas en 2012, a 68.92 en 2022.
Esto implica que, en una década, se prevé que un millón de personas mueran a causa de tumores malignos. La mayoría de ellas enfrentan un intenso sufrimiento físico y psicológico antes de fallecer. De ser aprobada esta iniciativa, muchas de estas personas podrían, si así lo desean, evitar prolongar su sufrimiento en la última etapa de vida.
Es imprescindible recordar que existen numerosas enfermedades en etapas terminales o crónico-degenerativas que hacen evidente la necesidad de brindar opciones legales para aquellos que, en tales condiciones, desean una muerte digna sin prolongar su sufrimiento.
Respaldo social a la muerte digna
La sociedad mexicana ha mostrado un creciente apoyo hacia la legalización de la eutanasia, evidenciando un cambio cultural hacia el reconocimiento de la muerte digna como un derecho. Según la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, siete de cada diez mexicanos respaldan la legalización de la eutanasia, mostrando un consenso significativo sobre la importancia de garantizar la libertad de decidir en casos de enfermedades crónico-degenerativas.
Este apoyo social ha sido potenciado por miles de firmas a favor de la “Ley Trasciende”, recogidas en la plataforma Change.org, validando que la sociedad mexicana está lista para abordar este tema desde una perspectiva madura y empática.
Este respaldo refuerza la necesidad de la reforma y subraya la responsabilidad del Estado de atender las demandas ciudadanas. La inclusión del Título Octavo Ter a la Ley General de Salud responde a esta voluntad popular, ofreciendo un marco legal que protege la autonomía de las personas mientras establece salvaguardas estrictas para prevenir abusos.
