Denuncia de represión a opositores en el exilio
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta crecientes críticas de la ONU, que ha afirmado que hay una red operando fuera de Nicaragua para dar caza a opositores en el extranjero.
Informe de la ONU
En un informe reciente, el Grupo de Expertos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua menciona el caso de Kevin Solís, un exlíder estudiantil que recibió amenazas con un arma en España, evidenciando un patrón de acoso hacia los exiliados.
Respuesta del gobierno
BBC Mundo intentó obtener comentarios de Rosario Murillo, quien solo respondió con un simple “Gracias por su interés”. La indiferencia del gobierno destaca un posible desprecio hacia las denuncias internacionales.
Continuidad de la persecución
Reed Brody, miembro del grupo experto, sostuvo que las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias continúan en Nicaragua, manifestando que la represión ha trascendido las fronteras en un intento por silenciar a los nicaragüenses en el extranjero.
Red de vigilancia y represión
La red de represión incluye componentes políticos y operacionales, que van desde vigilancias físicas y digitales hasta campañas de difamación. Los opositores se enfrentan a amenazas como las alertas rojas de Interpol por crimes no cometidos, así como la descalificación de sus pasaportes.
Violación de derechos y desnacionalización
Se señala que el régimen busca silenciar a los que están en el extranjero, lo cual incluye la privación de nacionalidad. Este proceso de desnacionalización se convierte en una forma de “muerte civil” para muchos nicaragüenses en el exterior.
Financiamiento para la represión
En respuesta a las protestas, el gobierno ha desviado fondos de programas sociales a las operaciones represivas, lo que incluye la creación de grupos paramilitares conocidos como “policía voluntaria”. Se estima que este financiamiento asciende a millones de dólares.
