José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, en Baja California, comunicó en la madrugada de este jueves que su visa de turista fue revocada por el gobierno de los Estados Unidos el martes 2 de diciembre, tras intentar ingresar al país.

A través de su cuenta de Facebook, el edil, quien pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mencionó que las autoridades estadounidenses le informaron sobre la revocación sin ofrecer una “explicación o razón” al respecto.

Dagnino López subrayó: “Hasta ahora, no he recibido información oficial sobre las razones que llevaron a este desenlace, similar a lo que ha ocurrido con otros funcionarios públicos en el país y en nuestro estado.” Esto hace referencia a la revocación de visas a casi 50 políticos y servidores públicos mexicanos durante la administración de Donald Trump.

En su mensaje, el alcalde reafirmó su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, y explicó que está llevando a cabo acciones para averiguar el motivo de esta decisión, además de actuar conforme a las leyes y procesos diplomáticos establecidos.

El alcalde aseguró que esta situación no afectará su labor como presidente municipal de San Felipe. “Seguiré trabajando con el mismo compromiso, cercanía y convicción que me han caracterizado”, expresó.

Revocan visa al alcalde de San Felipe; EU retira documento sin explicar motivos. Foto: Captura de pantalla

Revocan visa al alcalde de San Felipe; EU retira documento sin explicar motivos. Foto: Captura de pantalla

Además, se reportó que el alcalde fue retenido por el gobierno estadounidense durante 12 horas en la garita de Centro, California, cuando intentaba ingresar al país para asistir a un evento donde recibiría un donativo para su Departamento de Bomberos.

Dagnino López se suma a otros políticos de Baja California que han visto sus visas canceladas; el caso más reciente fue el de Carlos Torres, marido de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien también perdió su visa el pasado mayo.

Esta acción por parte de las autoridades estadounidenses responde a una política destinada a identificar a individuos que puedan representar una amenaza para la seguridad pública debido a sus vínculos con grupos criminales o autodenominados terroristas, así como aquellos que contravengan los intereses de Estados Unidos.

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