Mientras la Ley Trasciende promueve en México la legalización de la eutanasia y el derecho a una muerte digna, expertos advierten sobre la insuficiencia de infraestructura, personal y cobertura en cuidados paliativos, así como sobre los dilemas éticos que podrían surgir de su posible aprobación.
La eutanasia activa está prohibida en México según el artículo 166 de la Ley General de Salud, y se clasifica como “homicidio por piedad” en el Código Penal Federal. Solo 14 estados tienen una Ley de Voluntad Anticipada, que permite a los pacientes decidir sobre la continuación de tratamientos médicos en etapas terminales.
La Ley Trasciende, impulsada por la activista y académica Samara Martínez, quien sufre una enfermedad renal en etapa terminal, busca modificar el artículo 166 para añadir un nuevo Título Octavo que establezca las condiciones bajo las cuales un paciente podría acceder a la eutanasia.
“El problema radica en que, cuando se acepta la eutanasia, puede llegar a banalizarse progresivamente, lo que podría alterar la percepción sobre la eutanasia y el suicidio asistido, donde se les proporciona a los pacientes los medios para llevarlo a cabo”, comentó la médica, investigadora y bioeticista Martha Tarasco.
La especialista destacó que la eutanasia activa no asegura una muerte sin dolor, dado que la sustancia administrada al paciente “no actúa de forma instantánea” y advirtió que en países donde es legal, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, su uso se ha extendido a situaciones que no involucran sufrimiento terminal.
“En la actualidad puede solicitarse por depresión, por la falta de propósito en la vida o por la incapacidad de valerse por uno mismo. El dolor, que hoy se puede manejar con cuidados paliativos, ya no es el único límite”, subrayó.
Además, enfatizó que muchas personas que piden la eutanasia “realmente desean que se les alivie el dolor o la depresión, no que se les acabe la vida”, y añadió que “nadie quiere morir cuando sus síntomas están debidamente tratados”.
Falta de infraestructura para regular la eutanasia
Por su parte, Adriana Templos, presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos, expresó que México carece de la infraestructura sanitaria necesaria para discutir la regulación de la eutanasia sin antes garantizar atención paliativa universal.
“El país no está preparado. No hay presupuesto suficiente en salud, enfrentamos un gran aumento en enfermedades crónicas degenerativas y no contamos con la cobertura hospitalaria ni los medicamentos esenciales requeridos”, sostuvo.
Templos detalló que entre el 70 y 79% de la población que necesita cuidados paliativos no recibe atención, y México solo tiene entre 120 y 140 servicios de este tipo para más de 125 millones de habitantes, con algunos estados contando apenas con 6 a 10 unidades especializadas.
“Lo que la gente ansía es no sufrir, no experimentar dolor. Eso puede lograrse con una cobertura universal de cuidados paliativos”, recalcó.
La especialista resaltó que el acceso a opioides como la morfina —considerada esencial para controlar el dolor severo— sigue restringido, y lamentó que la formación en paliativos “no se enseña en las facultades de medicina ni en áreas de salud”.
Tarasco declaró que “dejar morir no es lo mismo que matar. Dejar morir implica permitir que la vida siga su curso natural. Solicitar una sustancia para inducir la muerte es algo distinto”.
En este contexto, Templos se cuestionó: “¿Cómo podemos evaluar el sufrimiento existencial? ¿Qué parámetros utilizaremos? El personal de salud ni siquiera está entrenado para restringir tratamientos fútiles, y mucho menos para llevar a cabo la eutanasia.”
Ambas especialistas concluyeron que, antes de legislar sobre la muerte médicamente asistida, México debe garantizar atención paliativa universal.
“El primer paso es asegurar el tratamiento del sufrimiento al 100%. Hasta entonces podremos plantear otras alternativas”, sentenció Templos.
Con información de EFE
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