Durante el evento multisectorial “México por el Clima: Semana de Acción”, varias organizaciones coincidieron en que la descarbonización del transporte público debe ser una prioridad nacional para disminuir las emisiones y cumplir con los compromisos climáticos establecidos para 2030 y 2050.
En la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, especialistas, funcionarios de gobierno y representantes del sector privado concordaron en que la colaboración entre diferentes sectores es esencial para lograr una transición efectiva hacia vehículos sin emisiones.
Se resaltó que México tiene las condiciones técnicas y políticas necesarias para liderar la electrificación del transporte en la región, especialmente dado que la administración actual, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha reconocido la importancia de este proceso en la agenda nacional.
El encuentro fue organizado por la Iniciativa Climática de México (ICM) y contó con la participación de Climate Group, Política y Legislación Ambiental (POLEA), Sostenibilidad Global, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), y autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno (SEDEMA) de la Ciudad de México, así como de Naciones Unidas México y el Centro Mario Molina, entre otras organizaciones.
Se destacó que una de las acciones más urgentes es la renovación de la flota de transporte público en las 94 ciudades más grandes, un proyecto que requerirá alrededor de 1,080 millones de pesos de inversión.
Expertos coincidieron en que la transición a un transporte de cero emisiones “no depende únicamente de la tecnología, sino también de transformar el modelo económico”. El país corre el riesgo de retrasarse ante la falta de una política industrial robusta y la dependencia de combustibles fósiles. Además, el verdadero desafío reside en el transporte público urbano y de carga, que representan la mayor parte de las emisiones. Por lo tanto, la movilidad eléctrica debe ser vista como parte de la política de bienestar y justicia social.
La descarbonización puede ser más efectiva si se logra politizar de forma positiva, acercándonos así a un modelo integral de movilidad eléctrica. Por ello, es crucial priorizar:
Inversiones en transporte público.
Garantizar accesibilidad universal.
Fortalecer la seguridad vial.
Reducir la contaminación en comunidades vulnerables, con resultados verificables y medibles.
Una opción para ello es crear incentivos fiscales que impulsen la producción de automóviles eléctricos en el país. Se expresó que “establecer reglas claras que beneficien a la oferta de empresas privadas es una manera de que el gobierno y las empresas dialoguen y hallen soluciones conjuntas para el cambio climático”.
El país debe adoptar acciones inmediatas para avanzar en la descarbonización del transporte:
Detener la importación de vehículos usados.
Eliminar gradualmente el diésel.
Reorientar los subsidios de combustibles fósiles hacia la electromovilidad.
Asimismo, se hizo un llamado a mejorar la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Salud (SALUD), con el fin de integrar una estrategia nacional coherente que fomente la movilidad sostenible y reduzca las emisiones contaminantes.
