En Tijuana, 45 policías municipales no han superado los exámenes de control y confianza, mientras que 155 más siguen esperando su evaluación.
Se debe considerar si estos resultados llevarán a la baja definitiva de los agentes, tal como ha sucedido en otros municipios de Baja California como Tecate y Rosarito. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), dirigida por José Avilés Amezcua, ha indicado que los policías que no aprueben entrarán en un procedimiento conforme a la normativa estatal y municipal.
A pesar de que hay un número significativo de agentes en riesgo de ser despedidos, se presentaron 53 nuevos oficiales que se graduaron de la Academia de Policía en Tecate. La realidad es que las fuerzas policiales en Baja California, especialmente en Tijuana, no logran cumplir con los estándares internacionales necesarios para ofrecer una seguridad adecuada a la población que deben servir.
Actualmente, Tijuana cuenta con poco más de 2,500 agentes, cuando la corporación debería tener más de 6,000 policías para cubrir de manera eficiente la seguridad de sus habitantes.
Trámite de Permiso I-94
En las últimas horas, ha aumentado la afluencia de ciudadanos mexicanos solicitando el permiso I-94, que permite adentrarse más allá de un número determinado de millas de la frontera con México, antes del incremento de su costo de 6 a 30 dólares a partir del 1 de octubre.
En Mexicali, la Garita Centro ha reportado tiempos de espera superiores a seis horas durante el fin de semana, con pausas de hasta dos horas donde la fila no avanzaba, debido a restricciones temporales impuestas por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Inquietudes sobre la Reforma de la Ley de Amparo
Ante la propuesta del Gobierno federal para reformar la Ley de Amparo, el sector empresarial ha expresado su interés por participar en el debate que se llevará a cabo en el Senado.
Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), presidida por Juan José Sierra Álvarez, están preocupados y consideran esencial que los legisladores escuchen las inquietudes y propuestas del sector privado. Los analistas han señalado que aunque la reforma no eliminará el amparo, sí podría restringirlo considerablemente, disfrazando retrocesos con un lenguaje técnico que podría perjudicar uno de los instrumentos más importantes en la defensa contra abusos de autoridad.
Asimismo, les inquieta que solamente quienes puedan demostrar una afectación directa puedan promover un amparo, eliminando las oportunidades de presentar casos de interés colectivo. El sector espera que el debate sea un ejercicio transparente y abierto, donde los legisladores tomen en cuenta las demandas de diferentes sectores de la sociedad en beneficio de la ciudadanía.
