Reciben un pago anual único de 8,000 pesos denominado “bien pesca”, el cual consideran insuficiente.
San Felipe, Baja California.- Los pescadores de San Felipe han denunciado que las vedas recientes y las restricciones impuestas para la protección de la vaquita marina han dejado a muchas familias sin ingresos, mientras que las autoridades, tanto federales como locales, no han respondido adecuadamente a sus necesidades.
Ana Isabel García Aguilar, una residente y pescadora, indicó que el 80% de la población de la localidad depende de la pesca.
“Estamos padeciendo mucho hambre por el cierre de las vedas, y ahora que comenzaba la temporada de camarón, nos han cerrado nuevamente por un mes”, declaró, señalando el impacto en todas las familias que dependen de esta actividad diaria.
Los pescadores hicieron hincapié en que las decisiones sobre la protección de especies marinas carecen de un diálogo adecuado y de apoyos suficientes para aquellos que dependen de la pesca. “Queremos ser escuchados como pescadores, porque somos parte de esta comunidad”, expresó García Aguilar.
La imposibilidad de acceder a la pesca no solo ha perjudicado la economía familiar, sino que también ha tenido repercusiones en la alimentación y la educación de los hijos de los pescadores. García Aguilar indicó que muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para útiles escolares y comida básica.
Restricciones y medidas de control
Los entrevistados señalaron que las áreas de pesca han sido cada vez más restringidas, con la instalación de bloques y varillas en zonas de “cero tolerancia” para la vaquita marina, lo que también provoca mortalidad incidental de otras especies.
Cristian Ruiz, otro pescador, explicó que solo 800 de las cerca de 1,500 pangas registradas en la región tienen permiso para operar. Los pescadores que no cuentan con este permiso enfrentan un proceso burocrático que puede tardar de dos a tres años para obtener autorización, haciendo que sea difícil pescar de forma legal.
Asimismo, los pescadores denunciaron la vigilancia por parte de observadores internacionales, como miembros de Sea Shepherd, que actúan bajo la autorización de las autoridades. “Nos tratan como delincuentes; si nos acercamos sin permiso, somos ilegales”, destacó Ruiz, calificando la situación como hostigadora.
Exigencias del sector pesquero
La comunidad pesquera solicita que las autoridades establezcan medidas que permitan realizar actividades pesqueras de manera legal y sostenible, lo que incluye agilizar la obtención de permisos, ofrecer apoyo económico durante las vedas y ampliar las áreas de pesca bajo regulación científica.
Los pescadores enfatizan su disposición a colaborar en la conservación de especies como la vaquita marina, pero argumentan que las políticas vigentes los dejan sin opciones para ganarse la vida.
Gestiones y respuesta de autoridades
Los pescadores han contactado a representantes locales y federales, incluidos diputados como Mogollón y Juan Manuel Molina, buscando atención y soluciones para las restricciones existentes.
Hasta ahora, aseguran que no han recibido respuestas satisfactorias. Además, han comentado que las reuniones con capitanes del puerto y representantes de las autoridades federales no han logrado cambios en las vedas ni en el apoyo económico.
San Felipe siempre ha sido un puerto pesquero, donde gran parte de su población se ha dedicado a la captura de camarón, tiburón y otras especies.
Las restricciones impuestas para proteger la vaquita marina, especie en peligro crítico de extinción, son vistas por los pescadores como excesivas y poco transparentes, afectando directamente a numerosas familias que dependen de la pesca.
