El Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó recientemente nuevas sanciones contra redes criminales mexicanas, afectando a siete individuos y 15 empresas vinculadas a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Este operativo no solo revela el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de dinero en Playas de Rosarito, Baja California, sino que también involucra a Morena. Entre los individuos sancionados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal y alcaldesa de Rosarito (octubre de 2019 a agosto de 2024), a quien se le acusa de actuar como intermediaria del cártel, recolectando extorsiones y asegurando protección policial.
La lista de sancionados incluye a Jesús González Lomelí, un empresario supuestamente implicado en el lavado de millones a través de bares y restaurantes, como el Bombay Beach Club, y a Juan José el Ruso Ponce Félix, líder de “Los Mayos” en Baja California. También están mencionados Candelario “el Cande” Arcega Aguirre, operador político de Brown Figueredo; Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, miembros del cártel; y Carlos Alberto Páez Pereda, jefe de la pandilla “Los Rugrats”. La mayoría de las empresas mencionadas, ubicadas en Rosarito, parecen funcionar como fachadas. Cabe destacar que la actual presidenta municipal, Alejandra Padilla Orozco, fue designada por Brown Figueredo cuando ella solicitó licencia para asumir la diputación federal.
Estas sanciones se suman a la revocación de visas a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres. Aunque no se han dado explicaciones oficiales, es posible que estén vinculadas a presuntos nexos criminales o irregularidades financieras. La revocación de visas seguida de sanciones parece ser más que una coincidencia, especialmente en un estado que se ha convertido en un corredor clave del fentanilo y un escenario de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.
En su conferencia de prensa reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó abordar este tema, optando por hablar sobre la llegada a México desde Paraguay del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Sheinbaum suele exigir evidencias cuando se trata de sanciones internacionales. Su silencio sobre el caso de Brown Figueredo genera dudas: ¿les está otorgando protección política o está midiendo posibles repercusiones políticas?
Las consecuencias para Morena en Baja California son inminentes. Desde que asumió el gobierno en 2019, estos escándalos debilitan su narrativa de anticorrupción y transformación. La inseguridad y la revocación de su visa han afectado la aprobación de Ávila Olmeda, que ha caído 19 puntos desde abril, pasando de 69.4% a 50.2% en agosto, según Encuesta Mx. En Rosarito, epicentro de las sanciones, la infiltración del cártel en el gobierno local anticipa una crisis política y social.
No solo se ve afectada la imagen de Morena en Baja California; estas acciones cuestionan su credibilidad a nivel nacional. La presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema: actuar con transparencia mediante investigaciones de la FGR y la UIF, o permitir que Estados Unidos continúe exponiendo lo que su partido no ha logrado limpiar.
Finalmente, las sanciones no son solo un castigo para el narcotráfico. Representan un recordatorio de que la política mexicana no está aislada. Morena debe decidir si limpiar su propia casa o aceptar que seguirá recibiendo señales de alerta desde el norte.
