“Menos escritorio, más territorio” suena atractivo en el cartel, pero cuando se analizan los datos públicos, la realidad es menos impresionante: se observó un aumento de fondos en algunos sectores, no se han logrado avances significativos en indicadores y la percepción de la ciudadanía sigue estancada. A 24 meses de un total de 72, lo que se percibe no es una nueva forma de gobernar, sino cambios superficiales que no impactan la vida cotidiana en el Estado de México.
Seguridad: mayor presupuesto, misma incertidumbre en las calles
El gobierno afirma que ha fortalecido el sector. Y es verdad: en 2025, la inversión en el Sector Seguridad alcanza su punto más alto en el trienio, con la seguridad pública como eje principal (Gacetas de Presupuesto 2023–2025). Además, la capacidad formal ha mejorado; hay aproximadamente una policía por cada 1,000 habitantes (aún lejos del estándar federal de 1.8) y el 77.7% del personal tiene el Certificado Único Policial (INEGI, CNSPE 2025). El inconveniente es que la realidad no respalda estas mejoras. En 2024, el 089 registró 64,198 denuncias anónimas, siendo la extorsión y el fraude los más comunes; a nivel nacional, los incidentes crecieron un 42.1%, y el 74.6% de las llamadas recibidas en el estado fueron consideradas improcedentes (INEGI, CNSPE 2025). Además, el costo humano es desgarrador: 60 miembros de instituciones estatales perdieron la vida en 2024 (CNSPE 2025). Para poder argumentar que “el delito ha disminuido”, se requiere que tres indicadores bajen conjuntamente durante 12 a 24 meses: incidencia (SESNSP), percepción urbana (ENSU) y demanda (089/911). Actualmente, esta sincronización no se ha demostrado.
Salud: incremento en 2024, recorte en 2025
En 2024 se realizó un aumento presupuestal; sin embargo, en 2025 se prevén recortes. Las cifras son claras: $69.66 → $79.61 → $70.68 mil millones (Gacetas 2023–2025). Sin un sistema de control de abastecimiento (claves, piezas, tiempos de entrega), es imposible asegurar que el paciente haya recibido más y mejor atención. La austeridad no soluciona; y mucho menos si se interrumpe la tendencia justo cuando debería consolidarse.
Educación: prioridad constante, no transformación
El gasto aumenta en 2024 y se estabiliza en 2025 ($117.96 → $123.53 → $123.15 mil millones). Mantener el nivel es preferible a retroceder, pero dista mucho de lo que se denomina “gran transformación”. Sin metas claras públicas en aprendizaje y permanencia, el presupuesto refleja más una administración que una verdadera transformación.
Economía y movilidad: pico en 2024; desaceleración en 2025
Los sectores de economía y movilidad vivieron su mejor año en 2024, pero perdieron impulso en 2025 ($19.80 → $27.90 → $21.62 mil millones y $15.66 → $22.64 → $15.46 mil millones, respectivamente). Los programas de empleo se mantienen en niveles limitados ( $0.9 mil millones): demasiado poco para cambiar la informalidad o los salarios. Se envían mensajes políticos, pero no hay un motor estructural.
Programas sociales: más transferencias no equivalen a menos pobreza
El gasto social crece, lo cual es evidente en las carteras públicas, pero afirmar que “se redujo la pobreza” requiere la validación de CONEVAL. Sin esa medición, se puede confirmar que hay más apoyos, pero no que las carencias se hayan reducido de forma estructural.
Medio ambiente y agua: agenda reconocida, pero recursos limitados
SEMADS incrementó su presupuesto en 2024, pero experimentó una ligera disminución en 2025 ($806.8 → $979.5 → $961.6 millones; Gacetas). El plan estatal aborda la problemática del agua, la deforestación y la erosión; sin embargo, el presupuesto no refleja un cambio significativo. En seguridad ambiental, 2024 concluyó con 96 tomas clandestinas de hidrocarburos aseguradas y 99 robos o asaltos en carreteras estatales (INEGI, CNSPE 2025): delitos económicos que requieren capacidades especializadas y coordinación, actualmente insuficientes.
Corrupción: muchas denuncias, pocas condenas
La situación inicial era complicada: en 2021, el 84% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad reportaron corrupción (INEGI, ENCIG; PDEM 2023–2029). Durante 2022–2023, se registraron 4,987 denuncias por corrupción; solo se judicializaron 100 y 35 resultaron en condena (PDEM). La promesa de “cero corrupción” no puede evaluarse a través de conferencias, sino a partir de condenas. Y en ese aspecto, el avance es casi nulo.
Toluca: capital sin mejoras visibles
Si “menos escritorio, más territorio” fuera una realidad, Toluca debería ser el primer lugar en demostrarlo. No es así. La ENSU reporta que entre enero y junio de 2025, el 45.5% de los hogares en Toluca sufrieron robo, extorsión y/o fraude (corte de victimización de hogares, T22025). En el 089, la capital aparece entre los municipios con más reportes, nuevamente por extorsión y fraude. La “regla de las tres agujas” no se cumple: alta victimización, alta demanda y percepción que no mejora.
A esto se le suma la realidad cotidiana: baches persistentes, interrupciones en el suministro de agua y una falta de coordinación gubernamental que se percibe fragmentada, mientras el presidente municipal se concentra en su reelección. Con una movilidad a la baja en 2025, la ciudad sufre en mantenimiento y servicios; y con los recortes en salud respecto a 2024, el mensaje de “más atención y medicinas” se queda solo en un eslogan. Toluca “La Guapa” —donde el cambio debería ser más evidente— no lo ha visto, solo campañas superficiales.
Lo que se ha logrado y lo que queda por hacer
Se ha incrementado el presupuesto en seguridad y se ha mejorado la certificación policial; es un avance que merece reconocimiento. No hay evidencia tangible de que los indicadores mejoren para la población: la percepción no cambia, la demanda se mantiene y la incidencia no muestra una disminución consistente. En salud, se rompió la tendencia; en educación, se observó estancamiento; y en economía y movilidad, una desaceleración; en medio ambiente, estancamiento; y en corrupción, impunidad. Del pasado se pueden criticar muchas cosas, pero si la promesa era generar un cambio, hoy no se observa. Se requiere un tablero trimestral público que relacione denuncias (SESNSP), percepción (ENSU por ciudad) y demanda (089/911); así como metas en extorsión y robo de vehículo; tiempos de respuesta del C5; abastecimiento verificable de medicinas; y tasas de judicialización y condenas que realmente aumenten.
Hasta que esto ocurra, la sensación es evidente: no han cumplido lo que dijeron que podrían hacer. Se trabaja más en la imagen que en el cambio real. A dos años de gobierno, ¿qué estamos celebrando?
