La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha anunciado su enfoque en mejorar los controles y sanciones para el personal de los centros penitenciarios federales de México, con la finalidad de combatir la influencia de los cárteles de la droga que, según las autoridades, siguen operando desde el interior de las prisiones.
El acuerdo, que entró en vigor el 2 de septiembre, establece lineamientos obligatorios para la asistencia a evaluaciones de control de confianza, buscando asegurar la seguridad y fiabilidad del personal encargado de la Prevención y Reinserción Social.
Esta medida se produce tras identificar un alto porcentaje de inasistencias no justificadas de parte de los trabajadores convocados a estas evaluaciones, especialmente en relación con promociones y permanencias en su cargo, además del significativo control del crimen organizado en los centros penitenciarios.
En respuesta a esta situación, la SSPC ha formalizado una normativa a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que regula la ejecución de los exámenes, enfatizando que la inasistencia injustificada dará lugar al inicio de procedimientos administrativos y a la aplicación de sanciones conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También se ha ressaltado que someterse a estas evaluaciones es un deber legal para todos los integrantes de Prevención y Reinserción Social.
El contexto de esta decisión incluye la reciente expulsión de más de 50 delincuentes que, según las autoridades federales, mantenían control sobre sus organizaciones criminales desde la prisión. Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre el personal penitenciario, considerado un eslabón crucial en la lucha contra el crimen organizado dentro de los centros de reclusión.
El Centro de Evaluación y Control de Confianza, establecido en septiembre de 2020, es el encargado de realizar y evaluar los exámenes, así como de emitir certificaciones para ingreso, permanencia y promoción. El procedimiento se compone de dos fases: una inicial en línea, que abarca la cumplimentación de documentación, y una fase presencial, donde se realizan exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos, de entorno social y patrimonial, junto con pruebas poligráficas.
Para poder participar, los elementos deben presentar documentos como acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, RFC, comprobantes de estudios, ingresos y estados de cuenta, así como un informe de Buró de Crédito, documentación de bienes y vehículos, declaración patrimonial y, si corresponde, resoluciones administrativas o penales.
La presentación de documentos falsos será remitida a Asuntos Legales, y únicamente se aceptarán inasistencias justificadas con pruebas válidas, como licencias médicas, oficios de comisión, vacaciones o casos fortuitos debidamente acreditados. El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social ha indicado que, de un total de 7,644 elementos, el 99% ha participado en los procesos de control de confianza, logrando un 98% de aprobados y un 1% de reprobados, mientras que otro 1% está pendiente de aprobación, según datos hasta junio pasado.
Las sanciones para quienes no cumplan con la asistencia a las evaluaciones son severas. La inasistencia injustificada durante procesos de permanencia se calificará como “no aprobado”, lo que conlleva consecuencias administrativas y laborales. Finalmente, el acuerdo estipula que si un trabajador se retira antes de comenzar o durante alguna fase presencial del proceso de evaluación, se considerará que no ha cumplido con su obligación legal, resultando en una evaluación negativa con las sanciones pertinentes.
