Las actuaciones gubernamentales deben ser de naturaleza pública y altamente eficaces para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Desde el cambio de régimen político en 2018, ha tomado mayor relevancia la reivindicación del papel del Estado como motor de transformación social. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfocado su planeación en problemáticas estructurales como la pobreza y la desigualdad, implementando políticas públicas con un enfoque hacia la justicia social.
En línea con esta agenda, el gobierno del Estado de México, bajo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha iniciado políticas sociales centradas en dar dignidad a la vida de millones de mexiquenses. En este contexto, la movilidad se erige como uno de los problemas fundamentales, considerando derechos, obligaciones y una serie de realidades interconectadas en el vasto territorio del estado, el cual enfrenta un rezago histórico en esta área.
Por lo tanto, la Secretaría de Movilidad se alinea con la visión social del gobierno estatal, estableciendo como objetivo primordial la creación de políticas de movilidad que sirvan como un pilar esencial para promover una movilidad digna y segura, abordando los problemas de transporte en el Estado de México como una acción transformadora en beneficio de la sociedad.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el transporte constituye el segundo mayor gasto de las familias mexicanas, representando aproximadamente el 20% de sus ingresos. Este nivel de gasto induce un estrés económico que lleva a las personas a sacrificar otros aspectos esenciales de su vida, como salud y acceso a mejores empleos. Asegurar el derecho a la movilidad implica no solo mejorar infraestructura, sino introducir una política social que impacte directamente la economía familiar.
El Estado de México, al adoptar políticas de movilidad que controlen los gastos de transporte y comunicaciones de sus habitantes, se destaca como una excepción a la tendencia inflacionaria. Mientras que a nivel nacional el gasto en transporte ha aumentado, el acceso a tarifas más accesibles en el Estado ha permitido que el porcentaje de gasto de los mexiquenses se haya reducido. Esta reducción se asocia con la política de gratuidades implementada por el gobierno estatal en el transporte público.
La pobreza en el Estado de México es una realidad compleja, donde un 43% de su población vive en condiciones de pobreza, enfrentando además el desafío de trasladarse largas distancias para acceder a oportunidades de empleo en la Ciudad de México. Esta situación, reforzada por dinámicas institucionales, obliga a millones de personas a emplear más de dos horas en sus trayectos, lo que limita su capacidad de acceder a derechos fundamentales como educación y salud.
