Después de 41 días ininterrumpidos de paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se pensó que la crisis había terminado. Sin embargo, el presidente Rafael Guerra Álvarez enfrenta una nueva amenaza de que el paro pueda reanudarse a partir de este lunes.
El martes 8 de julio, se reiniciaron las actividades en la mayoría de los edificios, excepto en los juzgados laborales, que retomaron funciones normalmente hasta el viernes.
El punto conflictivo surge porque, a pesar de los acuerdos firmados, el viernes se llevó a cabo el pago correspondiente a la primera quincena de julio, donde no se incluyeron las horas extra y se realizaron deducciones que no se reflejaron en los recibos de nómina, lo que ha llevado a los trabajadores a acusar falta de transparencia y cumplimiento. Además, algunos de los participantes en las protestas han reportado reasignaciones a otras áreas sin previo aviso.
Los empleados se mostraron sorprendidos, ya que el acuerdo firmado por el Oficial Mayor, en representación del Presidente, y el subsecretario de gobierno, Fadlala Akabani, garantizaba la integridad de su salario, horas extra y situaciones de adscripción.
Este ha sido el paro laboral más extenso en la historia de esta institución, y parece que no ha llegado a su fin. Lo que comenzó como una manifestación de la base trabajadora ahora ha extendido sus efectos hasta los Magistrados y Magistradas, quienes han comenzado a cuestionar la idoneidad de Guerra Álvarez en su dirección de la judicatura más importante de América Latina.
La nueva amenaza se avecina con el primer periodo vacacional, que comenzará el miércoles y se prevé que dure casi tres semanas, reanudándose las actividades hasta el lunes 4 de agosto. Esto provocaría prácticamente un mes adicional sin acceso a la justicia en la capital.
En la sesión ordinaria celebrada el viernes por el pleno de magistrados, hubo un evidente descontento respecto al manejo de la situación. El Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, de la Ponencia 3 de la Sexta Sala Civil, señaló las repercusiones de la constante reducción presupuestal y la fallida implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como resultado de una evidente falta de planificación y la saturación laboral, lo que provocó el paro. También criticó la falta de apoyo por parte de las oficinas administrativas, que no están al servicio de la justicia, y la ausencia de respuestas adecuadas a los errores persistentes.
En medio de esta situación, el Magistrado llamó a levantar la voz no por protagonismo, sino por responsabilidad, afirmando que el silencio ante estas injusticias nos convierte en cómplices. Es esencial recuperar la dignidad institucional, defender el trabajo en la base, exigir justicia y reconstruir la confianza de la ciudadanía, pues la justicia no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, con legitimidad, planificación y respeto.
El escenario actual no ofrece certeza ni para el Poder Judicial ni para la ciudadanía. Ante esta realidad, queda la pregunta de qué acciones tomará el presidente Rafael Guerra Álvarez para enfrentar esta nueva crisis.
