Acusaciones por vínculos con el Cartel de Sinaloa
Julio César Chávez Jr., de 39 años, fue arrestado el jueves pasado en Estados Unidos y se espera su deportación hacia México. Su arresto se produjo tras perder recientemente una pelea en Anaheim (EE.UU.) contra Jake Paul.
Las autoridades estadounidenses lo imputan por sus conexiones con el Cartel de Sinaloa y también por no contar con la documentación necesaria para permanecer legalmente en el país. A pesar de haber sido designado en diciembre de 2024 como «una grave amenaza para la seguridad pública», su caso fue considerado no prioritario y no se procedió a su arresto en ese momento.
Orden de captura emitida desde 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) ha mencionado que la defensa de Chávez Jr. ha presentado varios amparos, aunque estos no han sido aceptados. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, apuntó que están preparados para llevar el caso a la judicialización tan pronto como el boxeador sea deportado.
Gertz Manero también indicó que desde 2023 existen órdenes de aprehensión contra un grupo delictivo liderado por Ovidio Guzmán, de las cuales el nombre de Chávez Jr. fue insinuado por su posible implicación.
Gobierno mexicano atento a la situación
«Estamos atentos y todo nuestro equipo está preparado», afirmó Gertz Manero durante una conferencia de prensa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El funcionario explicó que se están a la espera de que se lleve a cabo la audiencia en Estados Unidos relacionada con la deportación de Chávez Jr., aunque la audiencia prevista para el lunes no se realizó.
Gertz Manero aclaró que hubo confusiones respecto a las audiencias, ya que existían dos: una por delitos anteriores en investigación y otra por la deportación, destacando que la información crucial provendría de la audiencia de deportación.
Responsabilidad de las autoridades estadounidenses
El fiscal mexicano responsabilizó a las autoridades estadounidenses de no haber detenido a Chávez Jr. antes, ya que poseían toda la información necesaria y la obligación de actuar, dado que habían presentado pruebas y reclamaciones sobre su conducta.
La situación de Chávez Jr. continúa desencadenando la atención del público y de las autoridades, quienes siguen de cerca el desarrollo de su caso y las implicaciones legales que derivan de su arresto en Estados Unidos.
