En México, el robo y el contrabando de combustibles continúan siendo problemas graves en el sector energético. Este fenómeno representa entre el 30 % y el 40 % de las gasolinas y el diésel comercializados en el país, causando un perjuicio al erario de más de 150,000 millones de pesos (aproximadamente 7,500 millones de dólares), según señalaron expertos a EFE el pasado domingo.
Ramsés Pech, un consultor energético, explicó que la forma en que se perjudican las finanzas públicas y a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) se conoce como ‘huachicol fiscal’. Este proceso implica declarar ante el fisco la importación de combustibles bajo otras categorías, como aceites o lubricantes, para eludir el pago de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El especialista destacó que, desde 2020, ha aumentado significativamente la importación de lubricantes, algo que consideró inverosímil, ya que no hay evidencia que respalde tal actividad económica. Además, alertó que el ‘huachicol fiscal’ también ocurre dentro del país, donde las estaciones de servicio adquieren gasolinas y diésel robados que carecen de la facturación necesaria para su trazabilidad legítima.
Según las estimaciones de Pech, este problema costaría al fisco alrededor de 128,000 millones de pesos (cercano a 6,400 millones de dólares). Por su parte, la consultora Petrointelligence sostiene que el daño por importar combustibles bajo otras denominaciones para evadir impuestos superó los 177,000 millones de pesos (un poco menos de 8,850 millones de dólares) en 2024.
Pech enfatizó que este monto no solo afecta al fisco mexicano, sino que también implica pérdidas para Pemex, considerando tanto el robo como la entrada ilegal de combustibles al país. Detalló que el desfalco de petrolíferos se presenta de diversas formas, siendo una de las más frecuentes las tomas clandestinas que drenan ilegalmente los ductos de Pemex.
La petrolera estatal reporta que entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles le ha costado más de 75,710 millones de pesos (casi 3,785 millones de dólares), y solo en el primer trimestre de este año, esta cifra ascendió a 5,471 millones de pesos (aproximadamente 273.5 millones de dólares). Según datos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el porcentaje de combustible ilegal en el mercado mexicano oscila en torno al 30 %.
Carlos García, director ejecutivo de Valero, una productora y comercializadora, subrayó que las autoridades están tomando medidas para mitigar el contrabando de combustibles en el país, lamentando, sin embargo, que estas mismas autoridades hayan permitido que la situación se descontrole. En una reciente conferencia en Ciudad de México, comentó que se estima que entre el 30 % y el 40 % del combustible comercializado es contrabandeado.
En respuesta a esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una nueva estrategia enfocada en la trazabilidad de los combustibles, así como en un control más riguroso en aduanas y puertos, incluyendo la realización de seguimientos a investigaciones con la Fiscalía General de la República. Dentro de las acciones recientes, se destacó el decomiso más grande de combustibles a finales de marzo, donde se incautaron diez millones de litros ocultos en un buque que provenía de Texas, EE.UU., y que intentaba ingresar al país como aceite vegetal, además de casi ocho millones de litros encontrados en tractocamiones abandonados.