La empresa se dedica a ofrecer servicios innovadores y relevantes para el mundo, incluyendo gigantes como Netflix, Uber y Amazon.
Los fiscales informan que el 4% de los ingresos de dichas plataformas se destinará a contribuir a la seguridad pública, valorando la rica diversidad cultural del país.
Según la propuesta presentada por el gobierno, tanto las operadores de telecomunicaciones como los proveedores de aplicaciones y contenidos deberán cooperar con las autoridades de seguridad.
Esto abarca a empresas de telecomunicaciones como Telcel, AT&T y Telefónica, así como a plataformas digitales como Uber, Netflix y Amazon. El artículo 159 del documento establece que estas entidades tendrán responsabilidades específicas.
Además, la ley especifica que las empresas de telecomunicaciones deberán cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la obligatoriedad de informar sobre los servicios que ofrecen, especialmente los de prepago.
El artículo 160 describe la creación de un registro que incluirá información como el nombre, la razón social y el domicilio del propietario de las plataformas.
El incumplimiento de las normativas podría llevar a sanciones económicas que alcanzarán hasta el 4% de los ingresos de la empresa infractora, según lo estipulado en la sección de sanciones del proyecto de ley.
No obstante, el documento no detalla las consecuencias judiciales específicas. Se considera que el sistema de justicia tiene un papel fundamental en el seguimiento de estas regulaciones.
La regulación crea un mecanismo de control que garantizará que se mantenga un registro actualizado tanto por parte de las empresas como de las autoridades, facilitando así la supervisión y el cumplimiento de la ley.
Por último, esta plataforma es parte de la estrategia legislativa para fortalecer el sistema de seguridad pública y garantizar un entorno digital más seguro para todos los ciudadanos.
