Después de recibir “indicios sólidos de que la desaparición forzada es una práctica generalizada y sistemática” en México, el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU decidió, en virtud del artículo 34 de la convención, “llevar urgentemente el asunto ante la Asamblea General de la ONU”. Este es un procedimiento estándar.
El partido Morena, así como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondieron al CED mediante comunicados, cada uno peor que el anterior. Del Comité de la Presidencia, no se escuchó respuesta mesurada. El Senado aprobó un pronunciamiento desmesurado, sin ningún tipo de diálogo, que anunciaba la desvinculación de las sanciones contra el partido, ignorando que ambos, el partido y el gobierno, están intrínsecamente relacionados en el desarrollo de la situación del país. Los garantes de los derechos humanos en el mundo diferencian claramente entre quienes han sido víctimas y quienes son responsables.
Ya se han analizado los comunicados y pronunciamientos, así como las impactantes declaraciones. Me enfocaré en subrayar el giro radical de 180 grados en la relación entre México y la ONU, que ha pasado de décadas de apoyo a una postura abiertamente crítica. Es notorio el lenguaje sobre la “desaparición forzada generalizada” como un mecanismo de Estado. La Directora del Comité de Desapariciones Forzadas ha señalado que, en algunas ocasiones, esta práctica no requiere necesariamente de una “política de Estado”, y las desapariciones forzadas también pueden ser “el resultado de personas actuando con la aquiescencia del Estado”. Aquí, la palabra clave es, por lo pronto, aquiescencia, aunque algunos estudios no descartan la existencia de autorización o apoyo explícito. Los testimonios de las víctimas presentan un cúmulo de evidencia que lleva a cuestionar la “aquiescencia del Estado” a diversos niveles: local, estatal o federal.
La crisis de derechos humanos en el país va más allá de las desapariciones forzadas. Se pronostican más problemas porque, a pesar de los esfuerzos de la Cuarta Transformación por aislar a México del escrutinio internacional, la apertura del país a la observación global parece persistir. Esto explica la indignación del régimen. Resulta abrumador porque gobiernos enfrentados en otras partes del mundo parecen ser unánimes en su condena.
Con años de trayectoria diplomática, he sido embajador ante la ONU en Ginebra, la OEA y en Países Bajos, llevando siempre la voz de México en las instancias internacionales pertinentes.
