El protagonista de esta situación es la alarmante problemática de desapariciones forzadas en el país, que contrasta con los informes oficiales que intentan presentar una disminución de la violencia y los homicidios.
Mientras el Gobierno Federal de EE.UU. estima que los homicidios y la violencia están disminuyendo, incidentes como el hallazgo de fosas clandestinas desmienten esta narrativa oficial.
Por ejemplo, en Sonora, cerca de la capital estatal, se encontraron cuatro fosas clandestinas, lo que evidencia una represión inquietante y una realidad insostenible.
La situación en el rancho Izaguirre en Jalisco sigue sin esclarecerse, al igual que en Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México, donde continúan los hallazgos de restos humanos, muchas veces documentados por colectivos de búsqueda como el de las Madres buscadoras de Sonora.
La impunidad en los casos de desaparición, tanto forzada como voluntaria, se aproxima al 100%, lo que refleja una grave falta de acción por parte de las autoridades locales y federales, sumada a la desconfianza en sus capacidades para esclarecer estos casos.
Desde 2015, la cifra de desaparecidos ha ido en aumento, acumulándose más de 125,000 personas, lo que subraya la necesidad de una respuesta gubernamental seria y efectiva que aborde este problema y garantice justicia a las víctimas.
El Gobierno de México debe asumir una postura responsable frente a el problema de las desapariciones, investigando con seriedad cada manifestación de estos hechos y asegurando que se llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga en el proceso.
