El hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco y Tamaulipas ha revelado una tragedia que ha quejado a muchas familias en México. Desde el 5 hasta el 12 de marzo, se han documentado 126,071 personas desaparecidas, una cifra alarmante que refleja la ineficacia de diversos gobiernos a lo largo de los años para prevenir este fenómeno.
Las personas que realizan estas búsquedas son, en su mayor parte, los familiares de las víctimas. Estos a menudo se agrupan y capacitan para formar colectivos de búsqueda, dedicados a encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
El amor por sus seres queridos es lo que impulsa a estos buscadores, quienes enfrentan peligros constantes, incluyendo amenazas de grupos criminales que a veces les obligan a huir. Una de las buscadoras, Maleno Pérez Sánchez, falleció el 11 de marzo de 2024 tras ser atacada por la policía, mientras buscaba a su hija, Diana Paloma, desaparecida desde hace más de diez años.
Las agresiones persisten como se evidenció en el comunicado que el colectivo Guerreros Buscadores difundió el 23 de marzo. La falta de compromiso de las autoridades hacia este doloroso proceso es innegable. El 19 de marzo de 2024, autoridades estatales e federales no se presentaron para informar sobre los restos humanos hallados como resultado de búsquedas realizadas por este colectivo.
La situación de la desaparición forzada en el país es vital y se ha documentado a lo largo de los años con numerosos casos tristes y desgarradores. Desde el descubrimiento de los cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez en 2001, hasta hallazgos recientes de fosas en diferentes estados, la crisis de desapariciones en México sigue creciendo.
Entre 2006 y 2018, según datos oficiales, se encontraron 2,835 fosas, con un número significativo que permanece sin contabilizar en ciertos casos. Desde diciembre de 2018 hasta abril de 2023, se identificaron 2,863 fosas clandestinas, evidenciando un problema persistente afectando a la sociedad en su conjunto.
Es imprescindible que el Estado adopte un enfoque integral para abordar la desaparición forzada en el país. Las familias de las víctimas merecen respuestas y justicia, y es tiempo de que se implementen políticas efectivas que faciliten el cierre de tantos duelos que se arrastran por décadas. Las autoridades deben tomar la iniciativa de buscar a los desaparecidos y garantizar que se haga justicia, permitiendo así que las familias puedan finalmente encontrar la paz que tanto anhelan.
