En la Conferencia Matutina del 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de las desapariciones en el país, un problema que ha afectado a innumerables familias a lo largo de la historia y que ha generado profundas consecuencias sociales.
Según indicó la mandataria, estas acciones buscan prevenir, investigar y sancionar este delito, que está estrechamente relacionado con la delincuencia organizada.
En el país, quienes han sido víctimas de desapariciones viven en una situación de violencia constante. Las desapariciones forzadas, que afectan profundamente a la sociedad, deben abordarse con seriedad y con el compromiso del gobierno.
Las medidas inmediatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el fenómeno de las personas desaparecidas incluyen fortalecer los mecanismos de búsqueda.
1. El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que se encargará de mejorar su capacidad de atención, además de utilizar registros para el análisis de contextos basados en evidencia científica.
Además, la presidenta reveló dos propuestas de reformas legislativas que serán enviadas al Congreso de la Unión. La primera busca formalizar la creación de un registro nacional que vincule el CURP con las fuentes de identidad, integrando así el Registro Nacional de Población (Renapo) junto con la Agencia de Transformación Digital (ATDT).
2. La segunda propuesta plantea una reforma a la ley general en materia de desapariciones forzadas, con el objetivo de crear una base nacional única que compile datos de las 32 fiscalías estatales y de la fiscalía general de la República, junto con una plataforma nacional de identificación humana que integre y haga uso de datos administrativos incluyendo los del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejar huellas dactilares.
3. También propuso nuevos protocolos de búsqueda inmediata, como la generación de alertas de búsqueda en todas las corporaciones y entidades del país, así como la apertura inmediata de estaciones de servicio para practicar búsquedas, tal como se ha implementado en algunos estados.
4. Se mencionó la intención de equiparar el delito de desaparición forzada con el delito de secuestro, lo que permitiría homologar penas y procedimientos de enjuiciamiento.
5. Se continuará con la difusión de las carpetas de investigación, buscando que se mantenga la participación activa de las víctimas y sus familias en el proceso.
6. Se hará un compromiso por parte de las autoridades para que las víctimas y sus familias tengan acceso a un seguimiento justo y transparente de las investigaciones, abordando la violencia de manera clara y efectiva.
El consenso es fundamental, y es crucial que se logre un acuerdo en la implementación de estas medidas.
Las autoridades del país se han comprometido a elevar el tema a niveles de prioridad y a emplear métodos basados en la evidencia científica para garantizar que se dé respuesta efectiva a los casos de desaparición.
La administración actual reafirma su compromiso de “nunca ocultar nada”, enfatizando que no se permitirá la creación de registros oscuros o manipulaciones desde las instituciones.
